Tras un debate que duró más de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó este viernes el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elevado por el Poder Ejecutivo. Desde anoche, manifestantes “verdes” y “celestes” siguieron de cerca la maratónica sesión que terminó con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
En el país, según datos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cientos de niñas son madres y otras mueren a causa de prácticas clandestinas. A horas de la media sanción, desde la Multisectorial de la Mujer celebraron una jornada que califican como “histórica” y destacaron que Mar del Plata no es la excepción a estos índices.
En este sentido, Laura Hochberg, integrante organización en la ciudad, indicó: “No se puede negar que existen mujeres que mueren por abortos clandestinos. La clandestinidad mata a miles”.
Y detalló que, “en Argentina, se estima que se realizan 500 mil abortos clandestinos por año con alrededor de 50 mil internaciones y que 2 mil niñas son obligadas a parir”.
“La legalización no obliga a ninguna mujer a realizarlo, pero brinda un marco de salubridad para quienes no quieran continuar con su embarazo. Para las que quieran continuar está el proyecto de ley de los mil días, que ofrece acompañamiento durante el embarazo y después”, consideró.
La iniciativa sancionada esta mañana, que dividió las aguas de los bloques parlamentarios, ahora fue girada al Senado, que deberá debatir si respalda el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a fines de este diciembre, según informaron desde la organizaciones feministas.
En relación al proyecto, que es diferente al presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Hochberg afirmó: “Es fundamental que haya salido desde el poder Ejecutivo, lo importante es que salga la ley este más allá de las modificaciones”.
“Tenemos buenas expectativas para que se apruebe porque las senadoras y senadores tienen que entender que la problemática del aborto generó y va a seguir generando profundos debates. El debate no gira en torno a si se está a favor o en contra de la vida, es un tema de salud pública. De aprobarse la ley, son necesarias políticas públicas que garanticen el acceso a la información necesaria para lograr toda la prevención posible”, concluyó.
