El gobierno nacional presentó el programa «Registradas» por el que subsidiarán hasta el 50% de los salarios de los y las trabajadoras de casas particulares a cambio de que se registre la relación laboral. Habrá, además, otros beneficios a través de la bancarización como el acceso a una tarjeta de crédito para la persona empleada. Para la parte empleadora también será una ayuda en las tareas de cuidado de las familias trabajadoras ya que solo es para salarios de hasta $175.000.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró hoy que el programa «Registradas», lanzado por el gobierno nacional posibilitará «la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares», así como también la reactivación de esa franja de la actividad y su bancarización y garantizará su acceso un empleo registrado.
Gómez Alcorta afirmó que el Programa Registradas apunta a «formalizar» y a «subsidiar entre un 30 y 50 por ciento del salario de las trabajadoras», en un esquema en el que se pagará durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean blanqueadas.
Así lo explicó hoy Gómez Alcorta, en una conferencia de prensa que ofreció en Casa Rosada, junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
«Se trata de un sector en el que una de cada cinco mujeres del país trabaja en casas particulares, y donde cayó la contratación porque tuvo un impacto muy fuerte durante la pandemia» de coronavirus, dijo Gómez Alcorta en la Casa de Gobierno luego de un encuentro con el presidente Alberto Fernández y otros ministros para ultimar los detalles del programa.
A través del plan, que entrará en vigencia a partir del primero de octubre venidero, el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante, comprometerse a mantener la ocupación durante cuatro meses más luego de concluir el plazo, explicó.
«El apoyo económico se brindará a las familias empleadoras que cobren por debajo de 175.000 pesos y va a ser equivalente a un monto entre el 30 y el 50% del valor del salario que esté conveniado, con un tope de 15.000 pesos», detalló la ministra.
Señaló que hasta ahora los empleadores «solo tenían como incentivo para la registración la deducción de los costos del impuesto a las ganancias, por eso es una medida progresiva que apunta a la clase media, donde muchos, por el impacto de la pandemia, han tenido que restringir esas contrataciones en un sector en el cual el 98 % de trabajadores son mujeres y el 2% restante está ocupado por jardineros y choferes».
La directora del Banco Nación Julia Strada aportó datos económicos sobre el sector desde su cuenta de Twitter: «Hace tiempo que venimos identificando la problemática del no registro en el empleo doméstico, a pesar de la vigencia de la Ley 26.844 sancionada en el año 2013. Esto se agravó en la pandemia, con una reducción de 283 mil puestos de trabajo ocupados en el sector. Más precisamente, de 927 mil en 1er trimestre 2021 a 644 mil en el mismo trimestre de 2020 (Boletín de Estadísticas Laborales, EPH-MTEySS).»
El porcentaje de informalidad en el sector se calculaba en un 76 por ciento en 2018.
«Por eso nosotros queremos apoyar y dar un alivio a esas familias de clase media que en su organización al reactivarse la vida y de las actividades laborales y escolares, necesitan esos apoyo de la economía del cuidado», subrayó Gómez Alcorta.
Al ingresar al programa, a través de la AFIP, se abrirá una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco de la Nación, a la que se deberá transferir el sueldo, y que «nos va a permitir además controlar el depósito que se haga del 50% de lo que aporta el Estado».
Por otra parte, fuentes oficiales comentaron que el gobierno nacional que sea un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico las que sean alcanzadas por el plan, y que la aspiración «de máxima» es recuperar los 300.000 empleos que se perdieron en la pandemia.
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