Las Madres de Plaza de Mayo son el símbolo de resistencia a la última dictadura cívico-militar, y uno de los primeros movimientos de denuncia del terrorismo de Estado, y referentes aquí y en el mundo de la lucha por los derechos humanos. Muchas mujeres en el mundo entero se inspiraron en esas luchas y se organizaron para hacer escuchar sus voces.
En abril de 1977, un grupo de mujeres se reunía en la Plaza de Mayo para reclamar por la aparición con vida de sus hijos secuestrados, torturados y desaparecidos, por la dictadura militar, las llamaron las locas de la plaza. Las Madres, Abuelas y las mujeres que, en su condición de madres, forman parte de otros organismos de derechos humanos como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas salieron a la calle rompiendo también con el mandato hegemónico convirtiéndose en un nuevo sujeto político y los pañuelos transformándose en un símbolo de justicia y de lucha. Muchas de ellas fueron secuestradas y están hoy desaparecidas.
La última dictadura cívico-eclesiástica-militar que se instauró en nuestro país fue parte de un plan integral, sistemático de exterminio profundamente relacionado con las políticas económicas neoliberales implementadas, no sólo en Argentina, sino, en todo el continente latinoamericano. El modelo de hegemonía que instauro la junta militar no solo se aplicó a lo económico, social, religioso, cultural, educativo, sino también imponiendo un modelo de familia patriarcal donde el lugar reservado que tenían para las mujeres era la casa, la familia y fuera del espacio público.
Entre 1976 y 1983, más del 30% de las víctimas del terrorismo de Estado fueron mujeres, de acuerdo a los datos recabados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La violencia que atravesó a las detenidas en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio fue específica y sistemática. Abusos sexuales, violaciones, agresiones verbales, amenazas, desnudez forzada, embarazos no deseados, abortos producto de la tortura, partos clandestinos, separación y apropiación de sus hijxs y exclavitud sexual fueron algunas de las formas particulares que adquirieron estas violencias. En los centros clandestinos sufrieron un tipo de violencia que iba más allá de las sexuales con el objetivo de disciplinarlas. “Eran continuamente tratadas de malas madres, de promiscuas, eran insultadas, todo por haberse salido del modelo sexo-genérico patriarcal que defendía el golpe”.
El primer tratamiento judicial que tuvieron los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad fue en nuestra ciudad en el año 2010. Ese año, el Tribunal Penal Oral Federal de Mar del Plata condenó a Gregorio Rafael Molina, ex suboficial de la Fuerza Aérea y jefe del centro clandestino La Cueva, a prisión perpetua por “violación agravada” en cinco hechos consumados y otro en grado de tentativa contra dos víctimas. La resolución de esta causa sentó precedentes en varios aspectos: por un lado, porque consideró a la violación en centros clandestinos de detención como delito de lesa-humanidad y, por otro lado, por la valoración que les otorgó a los testimonios de las víctimas sorteando las dificultades probatorias y dándole credibilidad a la palabra de las mujeres. Además, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo sosteniendo que “los abusos sexuales constituyeron parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el último gobierno militar en el marco del plan sistemático de represión estatal”. Aún tenemos deudas pendientes, falta avanzar sobre el ensañamiento con las personas trans, gay y lesbianas que fueron perseguidxs, antes y después del terrorismo de Estado.
Este 8M paramos y marchamos porque la deuda es con nosotras.
