En un escenario más complicado que el que había en el Senado, el oficialismo dio inicio en la Cámara de Diputados al debate del proyecto que busca pagar la deuda con el FMI con los dólares fugados y evadidos en el exterior.
Consciente de que los números para sancionar la iniciativa aún no están, la bancada del Frente de Todos avanza así con su estrategia de acercar el debate “a la gente”, ya sea pidiéndoles a los sindicatos y movimientos sociales que militen la ley o convocando a expositores para que la defiendan. La reunión informativa de la comisión de Legislación General fue, sin embargo, el primer paso para que avance el tratamiento legislativo en la Cámara baja. Participaron de la misma varios economistas, constitucionalistas e investigadores –algunos convocados por el oficialismo y otros por la oposición– y el objetivo es continuar con la misma modalidad las próximas semanas. Frente al rechazo al proyecto por parte de Juntos por el Cambio –busca demoler la iniciativa bajo el argumento de que se trata sólo de un blanqueo–, el oficialismo buscará ir sumando apoyos en el resto de los bloques de la oposición.
La reunión informativa de la comisión de Legislación General, que se extendió durante dos horas y media, fue conducida por la massista Cecilia Moreau, presidenta de la comisión y también una de las primeras diputadas que salió a celebrar en público cuando el proyecto tuvo su media sanción en el Senado. “Es un recurso extraordinario para una deuda extraordinaria”, deslizó la diputada, minutos antes de que comenzara el debate del proyecto que crea un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. La iniciativa apunta a conformar este fondo en dólares a partir de un aporte especial sobre bienes no declarados en el exterior equivalente al 20 por ciento de lo evadido (si los evasores lo declaran durante los primeros seis meses desde la entrada en vigencia de la ley; en el caso de que fuera después, la alícuota aumenta al 35 por ciento).
Pasadas las 14, el encargado de abrir la primera ronda de expositores fue el constitucionalista Eduardo Barcesat, que se refirió al preámbulo de la Constitución –que habla de “promover el bienestar general”– para cuestionar que “una nación que ostenta una deuda externa de una magnitud equivalente al PBI evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general”. Barcesat fue tajante a la hora de desmentir que la iniciativa tuviera como objetivo realizar un blanqueo, como sostienen dirigentes de JxC: “La norma no tiene otro nombre que el de su finalidad, que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley”.
“La finalidad de este proyecto es una decisión política, que puede ser loable, pero donde veo que empieza a haber algunos reparos es en los medios elegidos para este aporte especial, que no es más que un régimen de exteriorización excepcional similar a un blanqueo”, sostuvo, en cambio, el contador Andrés Edelstein, quien también había participado del debate en el Senado (algunos de sus cuestionamientos fueron, incluso, tomados para modificar la letra del proyecto). Edelstein, al igual que unos minutos después el economista Guido Lorenzo, cuestionó que la iniciativa del oficialismo representara “el quinto régimen de exteriorización en los últimos 14 años”, lo cual podría representar un “desincentivo para los contribuyentes cumplidores”.
Les economistas Horacio Rovelli y Noemi Brenta sostuvieron, en cambio, que resultaba “imprescindible” avanzar con la sanción de esta ley. “Es importantísimo que esta ley sea aprobada para que, por una vez, la deuda la paguen quienes se beneficiaron con ella y no el pueblo argentino, como suele suceder. Porque los pagos al FMI salen del ajuste de todas las partidas presupuestarias, de la Salud, de la Educación”, resaltó Brenta.
“Quien plantee con artilugios técnicos que esta iniciativa no es correcta sin proponer una alternativa superadora lo que está pidiendo implícitamente es ajuste y devaluación para resolver la crisis de la deuda. Y, por ende, lo que pide es más pobreza e indigencia”, sostuvo, a su vez, el doctor en Ciencias Sociales Pablo Manzanelli, quien celebró que el proyecto conectara la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri con la fuga de capitales (por más que el proyecto se refiere sólo a la fuga ilegal que se encuentra en el exterior). “En el gobierno de Macri la deuda fue de 21 mil millones de dólares por año, en los gobiernos kirchneristas de 8 mil millones. Hay un tema de magnitud pero también de financiamiento: el financiamiento central de la fuga durante el gobierno de Macri fue la deuda externa y durante el gobierno kirchnerista fue el saldo comercial”, explicó.
Quien cerró la ronda de expositores fue Mercedes D’Alessandro, exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. “Esta ley promete dar más herramientas y fortalecer las actuales para encontrar el dinero fugado, que pague los impuestos correspondientes y que se blanquee. Si no avanzamos sobre estos caminos ya sabemos quién va a pagar la deuda, la van a pagar los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes”, concluyó la economista, en línea con lo que numerosos dirigentes del kirchnerismo, los sindicatos y las organizaciones sociales –principales impulsores del proyecto– vienen reclamando: “Que la deuda la paguen quienes la fugaron”.
Durante las próximas semanas, la Cámara baja seguirá tratando el proyecto con reuniones informativas en la comisión de Legislación General, aunque se espera que ya la próxima se sume también la comisión de Presupuesto, conducida por Carlos Heller. El objetivo del oficialismo, mientras tanto, será sumar adhesiones entre les diputades de Provincias Unidas, la izquierda y algunes legisladores del Interbloque Federal.
Fuente: Página 12
Imagen: NA
