Comunicado de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo frente al “traslado de la zona roja”
Desde la comisión organizadora de la marcha del orgullo, espacio que nuclea a diversas organizaciones sociales y políticas que abordan temáticas de diversidad y disidencia sexual, artistas y activistas que se sumaron de forma autoconvocada, repudiamos la ordenanza que se presenta como “relocalización de la zona roja” y entendemos va a significar un instrumento de persecución a las identidades trans y disidencias sexuales.
Mientras el ejecutivo local incumple la ordenanza de cupo laboral travesti-trans, profundiza la estigmatización de este colectivo promoviendo una imagen estereotipada que asocia a las identidades trans a la prostitución y venta de drogas, generando todo tipo de requisas ilegales y encarcelamiento de una población vulnerable que aún afronta la terrible estadística de perspectiva de vida de 35 años producto de la marginalidad de trayectorias vitales con derechos fundamentales vulnerados.
A contramano de la dirección asumida por nuestro país -que desarrolló normas basadas en los principios de Yogyakarta, referencia en la normativa internacional de derechos humanos para nuestro colectivo- con la creación de la Ley Nacional de identidad de Género, y más recientemente el Cupo Laboral Travesti Trans para crear políticas específicas de acceso al empleo formal, el municipio insiste en la criminalización.
La adopción de este tipo de medidas, no sólo no resuelve el acceso a derechos de un colectivo que aún sufre todo tipo de violencias que se alimentan de los discursos estigmatizantes y de odio, sino que además genera una falsa confrontación entre sectores vecinales del mismo municipio que debería cuidar a la totalidad de los actores: frentistas y disidencias sexuales en el uso del espacio público.
La situación de prostitución emerge como alternativa de subsistencia para quienes aún esperan que el cupo laboral les ofrezca la posibilidad de un primer empleo, y con ello ingresos fundamentales para costear alimentación, vivienda y demás elementos indispensables para la vida.
Generar el traslado de una población vulnerable a una zona donde la exposición a las violencias por la distancia y reducida circulación y luminaria, es un ataque a nuestra comunidad. Emplear penas de arresto y ostentosas multas a lo que arbitrariamente pueda ser calificado por personal policial como oferta de sexo en la vía pública, va a significar un incremento de las violencias hacia las disidencias sexuales en uso del espacio público. Las UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil.
Llamamos a todos los sectores a trabajar de forma conjunta por una solución integral a la problemática, desde una perspectiva de derechos.
