El informe de la comisión parlamentaria que sugirió imputar al expresidente estadounidense Donald Trump por el asalto de sus simpatizantes al Capitolio en 2020 podría amenazar el liderazgo del magnate en el Partido Republicano y constituir un golpe a su aspiración presidencial para 2024, señalaron analistas a Télam.
Tras 18 meses de investigación, la comisión bipartidaria concluyó esta semana que el 6 de enero de 2020 Trump brindó “ayuda y consuelo” a sus partidarios durante el ataque al edificio del Congreso en violación de múltiples leyes federales.
“Ninguno de los hechos del 6 de enero hubiera ocurrido sin él”, sentenció el resumen de su reporte final, que, sin embargo, no es vinculante.
El asalto al Capitolio se dio poco después de que Trump acusara al demócrata Joe Biden de haberle ganado con fraude en un famoso discurso frente a la Casa Blanca, en el que instigó a una multitud llegada a Washington desde todo el país a marchar hacia el Capitolio y “pelear” contra la certificación de los comicios de 2020.
Los disturbios causaron al menos cinco muertos y 140 oficiales de policía heridos, mientras que unas 900 personas fueron detenidas.
Por unanimidad, la comisión parlamentaria sugirió al Departamento de Justicia acusar a Trump de incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar al gobierno y declaraciones falsas como parte de un plan para desconocer los resultados de la elección de 2020.
Se trata de un gesto simbólico, ya que la decisión recaerá en última instancia en el fiscal general, Merrick Garland, quien ya de por sí ordenó una investigación independiente sobre el rol del expresidente en el ataque.
No obstante, los cuatro cargos que se barajan pueden acarrear a Trump, que aún ejerce una fuerte influencia en su partido, penas de prisión e inhabilitarlo para cargos públicos.
El exmandatario rechazó estas acusaciones, que calificó de “falsas” y como una estrategia para impedir su carrera presidencial en 2024.
“He ganado de forma convincente (…) Todo este asunto de procesarme es como lo fue el juicio político: un intento partidista de marginarme a mí y al Partido Republicano”, dijo en su plataforma Truth Social, en referencia a los dos procesos de destitución que no prosperaron durante su mandato.
Aunque esta recomendación no tenga efectos legales inmediatos, los especialistas subrayaron que perjudica su carrera política.
“Es un frente judicial complicado en un contexto en el cual, además, hay una baja de popularidad de Trump y crecientes cuestionamientos a su liderazgo al interior del Partido Republicano”, dijo a Télam Juan Negri, director de Ciencia Política y de Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella.
“Creo que es una mala noticia, sobre todo porque va a haber bastante publicidad negativa sobre Trump en los medios”, agregó.
Una opinión compartida por la politóloga Gisela Sin, quien señaló que “todo va sumando” para que los electores republicanos se opongan al expresidente.
“Tener un candidato presidencial con toda esta cantidad de frentes judiciales abiertos, lo único que hace es mover la atención hacia esas cosas, que son muy fáciles de explotar por los demócratas”, dijo a Télam la también profesora asociada de Ciencia Política en la Universidad de Illinois.
Desde el fracaso de sus candidatos en las elecciones de mitad de mandato del pasado noviembre, el brillo de Trump se ha ido apagando en el Partido Republicano, donde crecen las voces a favor de otras figuras, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Según un sondeo reciente de la cadena CNN, el 62% de los republicanos creen que alguien distinto a Trump debería ser el próximo candidato presidencial del partido.
Sin embargo, Negri no descarta que este reporte parlamentario pueda darle al exmandatario presencia mediática y solidifique su electorado.
Si finalmente Trump es procesado, algo que el experto considera posible por los avances que está teniendo la investigación del Departamento de Justicia, el juicio sería un evento político-mediático de “primera magnitud” que provocaría un “cimbronazo” en el país, apuntó.
“Creo que aumentará la polarización entre los votantes anti y pro-Trump, pero imagino también una alta politización de la sociedad discutiendo este tema y que habla un poco de la latinoamericanización que venimos viendo de la política estadounidense”, expresó el especialista.
En sus palabras, este tipo de juicio no tiene precedentes en Estados Unidos, pero es algo “bastante más común” en América Latina, mientras que Trump se parece más a políticos latinoamericanos que a lo que solían ser los políticos estadounidenses “clásicos”.
“Esa latinoamericanización de la política estadounidense sigue bastante vigente y se consolida”, remató.
La politóloga, en cambio, expresó sus dudas sobre un posible juicio y destacó que lo que hizo la comisión parlamentaria fue “subsidiar” el trabajo del Departamento de Justicia, que, explicó, tiene “miles de cosas” para hacer y “no tiene tiempo ni gente”.
“Con esto lo que hacen es mostrar todo lo que recopilaron; hicieron muchísimas entrevistas con miles de testigos. Lo más destacado son los documentos que muestran cómo Trump trató de influir a distintos testigos para que no dijeran nada”, explicó Sin.
Analistas judiciales admitieron que el caso presentado por la comisión bipartida es convincente, pero advirtieron que hay restricciones que limitan a los fiscales en un caso penal.
“No todas las pruebas serían admisibles en un juicio. Hay un conjunto de normas federales sobre evidencias que controlan qué testimonios puede escuchar un jurado”, aclaró la exfiscal estadounidense Joyce Vance en un análisis del informe.
El Departamento de Justicia “debería evaluar cuidadosamente las pruebas (…) para determinar si las pruebas admisibles de las que dispone son suficientes”, añadió.
El presidente de la comisión, Bennie Thompson, admitió esta diferencia y describió lo elaborado por el panel como un “mapa” para procesar a Trump.
De hecho, los fiscales podrían utilizar poderes que el Congreso no tiene para hacer cumplir las citaciones y obtener pruebas que los legisladores no fueron capaces de conseguir.
Pero Joyce recalcó que el pronunciamiento de la comisión fue “unilateral” y no abordó las eventuales líneas de defensa de Trump.
“No planteó la defensa potencial que el expresidente afirmaría casi con certeza, como la de confiar en el consejo de un abogado y las protecciones de la Primera Enmienda para su discurso, que anularían un cargo de incitación a la insurrección”, señaló.
Una posibilidad abordada por el entonces vicepresidente Mike Pence, quien pese a sus diferencias defendió a Trump y alegó que “no es delito ser mal aconsejado por un abogado”.
“Nada de esto implica que el fiscal especial no podrá seguir adelante con las acusaciones, pero significa que no es automático”, precisó Joyce.
Ante este panorama, Negri concluyó que “seguirá todo más o menos como ahora”, es decir, Trump continuará siendo una figura polarizante con un frente judicial complicado que seguirá “dando pelea” al interior del Partido Republicano.
