La medida complementa una reforma aprobada en abril de 2022, que califica al litio como propiedad de la nación.
“Lo que estamos haciendo ahora es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, dijo el mandatario en el municipio de Bacadéhuachi, en el estado nororiental de Sonora.
Este distrito, fronterizo con Estados Unidos, concentra los mayores yacimientos de este metal estratégico en el país y fue elegido por el gobernante de izquierda para lanzar un ambicioso programa denominado Plan Sonora con el fin de explotar este mineral.
Según explicó López Obrador, ahora sigue la parte tecnológica del proceso: “Están buscando la forma de extraerlo, de procesarlo”, puntualizó, según la agencia de noticias AFP.
El anterior gobierno había otorgado tres concesiones en esa región a la británica Bacanora Lithum, propiedad del conglomerado chino Ganfeng Lithium, pero su contrato está siendo revisado actualmente por el Ejecutivo.
A nivel mundial, la presencia de litio sólo fue detectada en 23 países y se estima que México ocupa la décima posición en reservas, según datos la secretaría de Energía.
Sin embargo, expertos en materia energética advirtieron que aún se desconoce si se cuenta con la suficiente cantidad de este metal para su explotación y si será económicamente rentable y sostenible con el medio ambiente.
El litio, fundamental para la fabricación de acumuladores de energía eléctrica -como baterías- y otras tecnologías, se explota principalmente en Sudamérica y Australia, mientras que China domina la cadena de suministro.
El Gobierno de López Obrador invitó a países productores de litio y a empresas a participar en el Plan Sonora, entre ellas al fabricante de autos eléctricos Tesla, que se espera instale una planta en México.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció ayer que habrá una llamada telefónica entre el presidente y el magnate sudafricano Elon Musk, propietario de Tesla, para conversar sobre dónde se instalaría dicha industria.
López Obrador comparó esta nacionalización con la expropiación petrolera de 1938, que dejó en manos del Estado la explotación del denominado oro negro hasta 2013.
Ese año, se aprobó una reforma constitucional que abrió el mercado a entes privados nacionales y extranjeros y que ahora el gobernante progresista busca revertir con polémicas reformas secundarias.
