Un tribunal de apelaciones de Perú ratificó en las últimas horas la orden de 36 meses de prisión para el expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de corrupción.
Castillo, quien se encuentra detenido desde diciembre tras haber intentado disolver el Congreso, deberá seguir encarcelado hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza con la investigación y decide su eventual llamado a juicio.
“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros”, informó el Poder Judicial en la red social Twitter.
El 10 de marzo, en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Tras su fracasada maniobra el 7 de diciembre, Castillo, de 53 años, fue destituido y llevado ese día al penal de Barbadillo, una pequeña cárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que fueron duramente reprimidas y que dejaron más de medio centenar de muertos.
Castillo, un docente y líder sindical oriundo de Cajamarca, en el noroeste del país, niega los cargos de corrupción y sostiene que está “secuestrado injustamente”.
- La fiscalía acusa a Castillo de haber dirigido desde la presidencia una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas.
Dos de sus exministros fueron detenidos y cumplen con prisión preventiva por el mismo caso, consignó la agencia de noticias AFP.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
Tras su detención, asumió la hasta entonces vicepresidente Dina Boluarte, quien viró hacia la derecha al Ejecutivo y desató manifestaciones con reclamos de renuncia y convocatoria a nuevas elecciones.
