Las propuestas, los diagnósticos y los desafíos en materia de seguridad serán uno de los ejes temáticos del segundo debate del próximo domingo, en el que los cinco candidatos a la Presidencia buscarán posicionarse en un tema sensible para la sociedad según reflejan los estudios de opinión pública.
En la región, Argentina es el cuarto país con menor tasa de homicidios dolosos (indicador tomado como parámetro para medir la inseguridad), según un estudio del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) que hizo un análisis de la evolución histórica de esos delitos en los veinte años comprendidos entre 2001 y 2021.
Si en la región el promedio de homicidios con dolo (los realizados con intención por parte del homicida, lo que exceptúa a accidentes automovilísticos u otro tipo de muertes) es de 23 cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios de la Argentina en el año 2021 fue de 5,4 por cada 100.000.
Sin embargo, las estadísticas muchas veces quedan lejos de la percepción ciudadana, ya que a partir del impacto de casos resonantes de inseguridad -como también de la experiencia personal de ser víctima de un delito- las acciones de los distintos niveles del Estado y jurisdicciones del país suelen ser vistas como insuficientes.
En cualquier caso, la Untref concluye que Argentina tiene un nivel “medio” de homicidios en comparación con otros países, con tasas que en los últimos 10 años fluctuaron entre 5 y 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, números en línea o levemente por debajo del promedio internacional (6,1 por cada 100.000 habitantes).
El estudio del equipo de investigadores coordinado por Marcelo Bergman (doctor en Sociología de la Universidad de California, Estados Unidos) resalta que la marca nacional en materia de homicidios presenta diferencias entre provincias e incluso entre conglomerados urbanos.
En algunas distritos, como en Santa Fe, la violencia producto del narcotráfico “aumentó la tasa de homicidios a aproximadamente el doble del promedio nacional”, advierte el informe.
Otros puntos del país también tuvieron niveles más altos que el promedio internacional, aunque con tasas que “vienen descendiendo de forma notable a partir de 2014”.
- En resumen, la mayor parte del país no tiene registros importantes de violencia letal.
Además, el 70% de las provincias tuvieron tasas más bajas que el promedio internacional y cinco de ellas cifras menores a 3 cada 100.000 habitantes, según precisa el informe de 97 páginas presentado a principios de septiembre que Télam repasó en detalle para esta nota.
Sobre los departamentos de la Argentina con tasas de homicidios más altas que el promedio internacional, la investigación de Untref detalla que se trata de Rosario, Santa Fe, Tucumán, Orán (Salta) y la Comuna 1 (San Nicolás-Retiro-Monserrat-San Telmo)” de la CABA.
Esos conglomerados urbanos encabezaron la lista de departamentos de más de 100.000 habitantes con mayor tasa de homicidios en el país en el lapso 2016-2020.
La existencia de lugares específicos con índices de homicidios más altos coexiste a nivel general del país con una “pronunciada tendencia descendente”, según detectaron los responsables del trabajo al comparar los veinte años del lapso 2001-2021.
El descenso del indicador nacional se explica en buena medida por la disminución de los homicidios en la provincia de Buenos Aires: entre 2020 y 2022, los datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) mostraron un descenso progresivo que las autoridades del distrito se encargaron de resaltar.
En 2020, en el territorio bonaerense hubo 5,3 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes (931 crímenes); en 2021, ese número cayó a 4,7 por cada 100.000 (838 asesinatos) y en 2022 la cifra fue de 4,1 (740 homicidios).
En 2019, último año de mandato de María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes había sido de 5,49 (918 casos).
La disminución en la tasa de homicidios en territorio bonaerense surge de datos publicados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que está a cargo de Julio Conte Grand.
Más allá de esta radiografía, los estudios de opinión pública colocan a la inseguridad como una de las principales preocupaciones de los argentinos.
Eso también explica porqué el próximo domingo será tema central (junto a Trabajo y Producción, por un lado, y Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, por otro) del segundo debate presidencial que tendrá lugar en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA.
Allí, los cinco aspirantes a la Casa Rosada, Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Myriam Bregman (“Frente de Izquierda y de los Trabajadores, FIT) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) desplegarán sus propuestas para enfrentar la problemática de la inseguridad, el delito y el incremento de la violencia.
El candidato de UxP podrá exhibir un dato de gestión: en 2022, se registró a nivel nacional la tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes más baja de las últimas tres décadas, con 4,2, según datos del propio SNIC.
En lo que va de la campaña, Massa insistió en que sus lineamientos en seguridad están basados en su experiencia como exintendente de Tigre y reivindicó la “disminución en un 92% del delito” en ese distrito durante los años en que lo gobernó.
En ese sentido, contó que su intención es proyectar ese modelo a todo el país con el despliegue geolocalizado de cámaras de seguridad, iluminación LED, centros de monitoreo, botones antipánico y sistemas de prevención en los domicilios.
Además, prometió “consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades” y mejorar el entrenamiento y la remuneración de las fuerzas de seguridad, aparte de acordar “un nuevo Régimen Penal Juvenil”.
Los otros dos candidatos con chances de ganar la Presidencia o disputar el balotaje plantean medidas acusadas de ‘efectistas’ o directamente de temerarias, pensadas -según los analistas- para causar un efecto en su electorado de base, como las referencias permanentes de Milei al derecho individual a la portación de armas.
Se trata en algunos casos de propuestas orientadas al control de la protesta social.
Milei no solo promueve la desregulación del mercado legal de armas; también aspira a prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales mientras promete “meter presos a los piqueteros”.
La plataforma de su partido (LLA) incluye en su decálogo construir nuevas cárceles mediante la convergencia público-privada, militarizar los institutos correccionales, reformar la legislación penitenciaria y reducir la edad de imputabilidad.
También empuja la modificación de las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional en lo que supondría -en caso de concretarse- una reforma de la arquitectura legal acordada tras la recuperación de la democracia: por ese acuerdo se estableció que las Fuerzas Armadas no intervienen en el combate a la inseguridad, salvo en situaciones excepcionales y autorizadas expresamente.
Otra de sus consignas ante la inseguridad es “priorizar” la lucha contra el narcotráfico y “detener la ocupación de tierras” en todo el país.
Finalmente, la idea de Milei de facilitar el acceso de la población al uso de armas tiene puntos de contactos con una frase esgrimida por una de sus competidoras que sería luego muy repetida en los medios: “El que quiera estar armado, que ande armado”, dijo la candidata presidencial Patricia Bullrich en 2018, cuando todavía era ministra de Seguridad, durante una visita de gestión a la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
En materia de propuestas, la postulante de JxC considera necesario bajar la edad de imputabilidad y fijarla en los 14 años, terminar con la “era de los piquetes”, crear una policía especial de inteligencia criminal y cárceles especiales para narcos.
También prometió mandar fuerzas armadas, locales y federales a Rosario, para “liberar” a la ciudad santafesina “del flagelo del narcotráfico” y llevar adelante fiscalías y equipos especializados en investigación criminal.
