Autoridades del sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata participaron en La Plata de la firma del Convenio entre la Provincia y las federaciones de cooperativas eléctricas para evitar que se ponga en riesgo el servicio público eléctrico. Se dio en el marco del embargo que al gobierno nacional a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) quiere imponer sobre las cooperativas.
- Del encuentro en la capital bonaerense fueron parte el gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el Subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, la FATLyF, representantes de las cooperativas eléctricas y el Presidente del Organismo de Control de la Energía (OCEBA), Roberto Daoud junto con el Secretario General y el Adjunto de Lux y Fuerza Mar del Plata, Fabián Polverini y Daniel Manzo.
Allí se trató la nueva avanzada que el gobierno de Javier Milei pretende imponer sobre las cooperativas de energía eléctrica que existen en todo el país. Según cifras oficiales, la deuda del total del país con CAMMESA asciende a 491 mil millones de pesos a febrero 2024. Entre Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que brindan luz al conurbano bonaerense y que están bajo jurisdicción nacional, acumulan el 41 por ciento de esta deuda. Sin embargo, la presión recae sobre las cooperativas bonaerenses, que representan el 12% del total de deuda.
Están “mostrando una clara discriminación hacia los usuarios y usuarios bonaerenses”, indicaron las autoridades provinciales.
Por su parte, Fabián Polverini remarcó que “siempre remarcamos el importante rol social que cumplen las cooperativas de las pequeñas localidades bonaerenses, no sólo distribuyendo energía si no también brindando servicios esenciales para la comunidad, que no prestan las empresas privadas. Es fundamental que tanto el Estado nacional y el provincial asistan y garanticen la continuidad de las cooperativas, que generan miles de puestos de trabajo”.
El convenio firmado en la ocasión instruye a la Defensoría del Pueblo de la provincia a brindar asesoramiento legal para evitar que el embargo de CAMMESA prospere y poder encontrar otras alternativas para solucionar el conflicto financiero que las cooperativas atraviesan.
