El Gobierno oficializó este martes el cierre de los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), incluidos los seis que hasta hoy funcionaban en General Pueyrredon. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación aseguraron que la decisión se toma “como resultado de la auditoría interna que la cartera realiza desde diciembre”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalan que la medida se traduce en 400 despidos.

  • Los CAJ son espacios multidisciplinarios que brindan atención legal primaria gratuita a poblaciones de bajos recursos. Son integrados por profesionales del derecho, de la salud mental y del trabajo social. Sin embargo, para la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, los CAJ “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.

Sin mayores precisiones, desde el Ministerio de Justicia se compartió un comunicado, a través del cual acusan “que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones. Éstos le costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más“.

Para Justicia, los CAJ resultaban redundantes ante la existencia de otros organismos como el Defensor del Pueblo y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos: “es injustificable la financiación de más oficinas, más empelados y más recursos dedicados a la misma función”. 

  • En General Pueyrredon, el CAJ funciona a través de seis oficinas, con base en el Faro de la Memoria. También cuenta con atención en la Fundación Dios es Amor (Las Heras), la Delegación de Migraciones (centro), en Barrio Centenario y Barrio Pueyrredón, en lo que respecta a Mar del Plata; mientras que también tiene una sede en el Espacio Cultural Lo de Gabín en Batán.