Por Gustavo Casciotti.
Esta vez el turno le tocó al transporte de pasajeros de media y larga distancia.
Por decreto se estableció el levantamiento de todo tipo de exigencias y controles al sector.
- Se prevé la creación de un registro nacional de transporte al que se podrá sumar cualquier persona local o extranjera, en forma express, bajo el método de “silencio positivo”.
Tendrán la libertad de fijar recorridos, precios, horarios y duración del servicios sin mayores exigencias ni controles.
Se elimina la condición de servicio público esencial, lo que significa que ya el Estado no tendrá la obligación de garantizar a la ciudadanía su acceso universal en condiciones de calidad, pues deja de considerarse una necesidad primaria e indispensable.
De esta forma no sólo no se garantizan las normas de seguridad, en el marco del desguace de los organismos de contralor, sino que tampoco se asegura la conectividad, ya que la lógica empresaria priorizará las rutas y destinos más rentables.
Si bien el objetivo manifiesto es mejorar la oferta y competencia de precios, la experiencia nos indica que toda vez que se ha avanzado en la desregulación de productos o servicios básicos u ofrecidos por oligopolios, los precios lejos de bajar, aumentan.
A las pruebas me remito con la liberalización de las variables económicas implementadas por el DNU 70/23 y la Ley Bases que habilitaron despiadados aumentos de la medicina pre paga, las tarifas y los precios de productos de la canasta básica.
En síntesis un decreto que avanza en la libertad para prestar servicios sin controles ni garantías, que desregula para que los precios tengan la libertad de aumentar.
