El diputado provincial Gustavo Pulti denunció la conducta del gobierno nacional. Propone llegar hasta la Corte Interamericana. “La canasta básica de los jubilados (Defensoría del Pueblo CABA) es de 912.584 pesos. Es 3,6 veces mayor que la jubilación mínima de $252978,48 más un bono de 70.000 pesos” señaló. “Además los jubilados que ganan más de 390.000 pesos ya no pueden acceder con cobertura al 100% de sus medicamentos”
La iniciativa presentada por Pulti denuncia la actitud del gobierno nacional e impulsa que se informe a la Comisión Interamericana para que tome conocimiento de la inobservancia de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
Pulti expresó al fundamentar su proyecto que “Condenan a los jubilados a la pobreza. Desde que asumió Milei, más de medio millón de jubilados se volvieron pobres y este número va a seguir creciendo. No podemos permanecer en silencio ante esta violación de los derechos de las personas mayores”.
La medida dispuesta por el gobierno nacional establece que los afiliados al PAMI que perciban ingresos superiores a $390.000, tengan prepaga o un auto de menos de 10 años de antigüedad, ya no podrán acceder a la cobertura del 100% en medicamentos. De esta manera, el gobierno desmantela el programa que hasta ahora garantizaba esta cobertura esencial.
Pulti remarcó que más de un millón de jubilados se verán afectados por los recortes en medicamentos, lo que sigue deteriorando sus ingresos. “Le quitan la cobertura a los jubilados que cobran más de $390.000, cuando la canasta básica para personas mayores en octubre fue de $912.584. El costo de vida de los jubilados aumentó 54,37% entre abril y octubre y la canasta básica es 3,6 veces mayor que una jubilación mínima de $ 252.798,48 mas el bono de $70.000”, puntualizó.
El diputado subrayó que “la tasa de pobreza en la tercera edad se duplicó a nivel nacional, pasando del 13,2% en 2023 al 30,8%, creciendo en casi todas las principales ciudades del país. En la Provincia de Buenos Aires, más de 600.000 personas mayores de 65 años viven en la pobreza, de un total estimado de 2,1 millones” y finalizó “es una deliberada política de exclusión y de carácter regresiva, que violenta los principios de igualdad, no discriminación, progresividad y de especial tutela que deben regir la totalidad de las políticas en materia de personas mayores de edad, jubilados y pensionados”.
