Por Gustavo Casciotti

Se dio a conocer el primer número inflacionario del año.

Según el INDEC diciembre arrojó un 2,7%, una aceleración de 0,3 puntos con respecto al mes anterior y una variación anual del 117,8%. Los tres rubros que más aumentaron fueron vivienda, agua, luz y gas el 5,3%, comunicaciones, básicamente telefonía a internet el 5% y restaurantes y hoteles el 4,6%.

Una mención especial merece el aumento de los alquileres que determinaron por ejemplo que durante el 2024, según Inquilinos Agrupados, la mitad tuviera que recortar gastos en alimentación y salud para poder pagar el alquiler y uno de cada cuatro inquilinos tuviera que abandonar la vivienda por no poder pagar. Dentro de alimentación y bebidas los productos con más aumentos fueron la carne, panificados, cereales y leche.

Los servicios regulados, cuyo precio los fija o autoriza el Gobierno, aumentaron el 3,4%, mientras los productos estacionales como fruta y verdura con una baja del 1,4% impidieron que la suba sea mayor.

Ahora bien, el gobierno estaba esperando ansiosamente el número de diciembre, confiado que se ubicaría en un 2,5% o por debajo, ya que a partir de esa cifra había asumido el compromiso de bajar el ritmo de devaluación mensual, llevándolo de 2% al 1%, con la pretensión de profundizar el ancla inflacionaria, profundizando también la pérdida de competitividad de los productos argentinos que se venden al exterior y presionando adicionalmente sobre el nivel de reservas.

El mercado en realidad ya descontó esta baja en el nivel de devaluación. Dan cuenta de ello, por ejemplo, la cotización de los dólares a futuro, que desde febrero se ubican por debajo del 2%, o el REM que elabora el BCRA que a junio da cuenta de una devaluación promedio mensual del 1,2%. También se habían cifrado expectativas en la baja de la tasa de interés, con afectación concreta a los depositantes de plazo fijo y como contrapartida a los tomadores de crédito, que lo harían con tasas más convenientes.

  • Lo cierto es que parecería que el nivel de inflación termina siendo para este gobierno más una variable al servicio del rompecabeza financiero, para asegurar ganancias para el mercado, que un valor que determina, en función del ingreso de las familias, la posibilidad de acceder o no a una canasta básica para no ser pobre, o permitir, en función del amesetamiento de los precios, la recuperación de un consumo que viene atrasado y que sería clave para activar el mercado interno, del que dependen el enorme universo de micropymes que generan más del 70 % del trabajo formal del país.