El total de denuncias que registra la Defensoría de Casación Penal bonaerense llega a 733 cuando se le suman los indicadores “agravamiento de las condiciones de detención”, “causa fraguada/prueba falsa” y “obstaculización de la defensa”. Y, Del total de los 682 hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 456 fueron cometidos por funcionarios de la Policía, 163 casos por penitenciarios y 63 de otras instituciones.
La modalidad más repetida el año pasado por la Policía fueron golpes y se registraron 383 casos; pero también se encontraron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana, 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles.
En el caso del Servicio Penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes con 119 casos y se detectaron 45 hechos de aislamiento como modo de tortura, 5 de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles. En niños se relevaron 158 casos.
El informe también muestra las condiciones de agravamiento del estado de detención: superpoblación, hacinamiento, falta de atención médica, traslados constantes, como así también incumplimiento de orden de clausura judicial de comisarías y tratos inhumanos que afectan gravemente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
El titular de la Defensoría, Mario Coriolano, expresó su preocupación y señaló: “Esta situación debe atenderse en forma prioritaria, a través de articulación de espacios interagenciales y multidisciplinarios, con visión integral de derechos humanos, atención primordial del interés superior de jóvenes-niñas, niños y adolescentes- y perspectiva de género”.
“Esta realidad transciende gestiones de gobierno e interpela a quienes integramos los tres poderes del Estado a buscar soluciones para combatir y erradicar estas prácticas violentas”, concluyó.
