La semana pasada diversos sectores cooperativistas se hicieron presentes en la sesión del Concejo Deliberante, en ocasión de tratarse un proyecto de ordenanza que contempla un porcentaje de la obra pública a licitar por ese sector.
Martín García, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en la ciudad, al respecto explicó: “Luego de la sesión del jueves pasado, el proyecto de ordenanza volvió a su tratamiento en comisiones. Esta ordenanza contempla, principalmente, que un 25% de la obra pública que realiza el Municipio pueda ser licitada por las cooperativas de trabajo, licitaciones a las cuales hoy no tenemos tanto acceso”.
Con relación al trabajo de este proyecto García, quien también integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), comentó: “Esta ordenanza la trabajamos con concejales de diferentes bloques en una mesa de trabajo. Si era tratada en la sesión del jueves pero sin haber pasado por las comisiones necesitaba el voto de 16 concejales y quizá no los hubiéramos alcanzado. Pero más allá de la cantidad de votos, entendemos que el debate en comisiones también debe tender a que la ordenanza tenga la fuerza política necesaria para que se encamine y reglamente”.
“Las dilaciones en el acceso al trabajo y al pago preocupa muchísimo porque hablamos de cientos de familias que no tienen para comer. Generamos esta propuesta para superar la situación de bronca y conflicto constante que atravesamos por la falta de soluciones reales y concretas por parte del Poder Ejecutivo”, agregó Martín García.
Por último, el referente insistió que “El oficialismo debe comprender que el sector de las cooperativas, a quienes ellos siempre deslegitiman y estigmatizan, generamos junto a concejales una propuesta de trabajo que les conviene, es una herramienta concreta con la que ellos van a contar a la hora de coordinar y gestionar trabajo junto al sector. Es una solución que conviene a todos. Por eso, la semana próxima iremos a hablar con cada concejal, para explicar el alance y la importancia de tener ese porcentaje de trabajo en la obra pública y, principalmente, para que se apruebe con un consenso tal que después Arroyo no la pueda vetar y la tenga que cumplir”.