La jueza federal Marta Yañez, que investiga ladesaparición del submarino ARA San Juan, recibió un informe de auditoría elaborado por la propia Armada en la que reconoce que el ARA San Juan ya había suspendido un “adiestramiento específico y combinado en operaciones de escape, rescate y asistencia del personal submarino siniestrado” con la “Marina de Brasil por estar pendiente la certificación de escotilla”, es decir por el lugar dónde los tripulantes deberían ser evacuados en caso emergencia. En otras palabras, no había certeza que se abriera, al menos de la manera correcta.
La lectura de la causa revela también la poca atención que los responsables de la Marina, y el Ministerio de Defensa, le otorgaron a los reclamos y sugerencias que Pedro Martín Fernández, el comandante del submarino, realizó después del último patrullaje, entre el 1 y el 19 de julio de 2017 y que podrían haber evitado la tragedia.
Aunque parezca increíble, el Capitán de Fragata, y responsable del único submarino argentino que estaba en operaciones, se quejó ante sus superiores porque el pan con el que lo aprovisionaron era “común” y no lactal con lo cual “se puso en mal estado con el correr de los días” y que “las bebidas y algunas golosinas fueron adquiridas por el propio personal”, ya que gaseosas y jugos no fueron incluidos en el suministro.
El expediente también revela que el 25 de octubre pasado el buque de guerra zarpó de la Base Naval de Mar del Plata, con material vencido y en menor cantidad, según publica Infobae.
Además, El 95% de los filtros, los llamados canisters, que evitan la contaminación por hidróxido de carbono, léase los que hacen respirable el aire, estaban fuera de la fecha de vencimiento. Además de llevar casi 600 menos de los previstos por el fabricante alemán.
El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su exposición ante los senadores reconoció que en vez de los “1.600 recipientes comúnmente denominados canisters de cal soda que actúan como agente absorbente de dióxido de carbono, el ARA San Juan zarpó con 1.059” y de esa cantidad, “51 vencían en 2021, otros 448 habían vencido en junio de 2014 y los restantes 560 vencieron en septiembre 2015”.
Pero eso no es todo. La nave siniestrada “también llevaban 24 dispositivos de oxígeno OR 3000 (denominadas comúnmente candelas), para provisión de 6 días de oxígeno de emergencia, cuando el fabricante del submarino estipula 100”.
En la causa, y a través de declaraciones testimoniales, ya está probado que otras 36 candelas “habían quedado estibadas en tierra desconociéndose la causa por la cual el Comando del Submarino no las embarcó”.
También se sabe que los trajes de escape no alcanzaban para los 44 tripulantes, y que algunos estaban vencidos; que tampoco alcanzaban los víveres de emergencia, que en las dos balsas no entraban todos los marinos y que hasta el oxígeno de auxilio eran tres veces menor a las 100 horas que en sus conferencias de prensa, el capitán Enrique Balbi sostuvo.
Un minucioso trabajo de la abogada querellante Valeria Carrera, del estudio de Fernando Burlando, y en base a la documentación oficial aportada por el ministro Marcos Peña al Congreso, demuestra que las raciones de alimento de emergencia “para siete días” embarcados y que debían ser utilizados en caso de ocurrir un incidente mayor, no alcanzaban para los 44 tripulantes.
El ARA San Juan había sido provisto con solo “240 unidades de conserva mixta ración de emergencia en paquete termosellado sabores varios”. La marca era “Sabor de reyes”. El suministro “para siete días”, solo alcanzaban para 34 tripulantes.
Los mismo ocurría con las 240 unidades de “bebida energizante” de medio litros de la “Gatorade”, con las dos unidades para cada tripulante de “barra de cereal de 21 gramos sabor dulce de leche” y las dos barras por tripulante de “barra de chocolate de 14 gramos” marca “Aguila”. Todo calculado, según los cálculos de la querellante, para “tan solo treinta y cuatro tripulantes, diez menos que la dotación desaparecida”.
En febrero de 2017, cuando el mando del ARA San Juan paso del Capitán de Fragata Eduardo Cella Irigoyen al Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, se realizó una auditoría con vista a la “entrega y recepción del comando SUSJ”. Allí, entre todas las novedades volcadas en el acta, el subinspector auditor Juan Carlos Fuentes, que tenía el grado de capitán de navío, se encontró con que el 60% de los víveres para emergencia, indicado en el acta con las siglas “EGA” estaban vencidos desde agosto del año 2016 y el 40% restante vencerían en abril de 2017.
Esto, claro está, además del resto de los problemas que ya venía arrastrado como pérdida de aceite, mal estado en algunas baterías y válvulas, averías en el periscopio, imprescindible para las fotografiar los buques pesqueros y de la defensa británica en las Islas Malvinas -según la orden de operaciones-, y hasta la falta de calibración en los inyectores de los motores diesel.
