En la última audiencia del debate por el aborto, convocada para hoy, se esperan figuras de peso para convencer a indecisos de las filas del oficialismo y del peronismo. En la lista de expositores, se destacan el actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, su par durante la gestión de Néstor Kirchner, Ginés González García, y el constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra. Dos médicos sanitaristas y un ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, con posiciones claras a favor de la despenalización y legalización del aborto.
El núcleo duro en contra se refugia en el bloque de la Coalición Cívica, que encabeza Elisa Carrió, donde solo uno (tal vez dos) de sus diez integrantes apoya la reforma. También en la bancada justicialista, que lideran el salteño Pablo Kosiner y Diego Bossio.
Mientras concluye al cronograma de reuniones informativas, diputados y diputadas que apoyan el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito empezaron a negociar modificaciones al texto para sumar la adhesión de los indecisos. Las cuentas que lleva la Campaña al día de hoy, dan 120 votos a favor, 110 en contra, y menos de treinta indecisos. Las cuentas ponen muy inquieta a la jerarquía católica, que está presionando con llamados telefónicos a quienes no han expresado aun su postura para que se opongan, según confirmaron fuentes de la Cámara de Diputados. “Los obispos están jugando con todo”, describió una legisladora.
Los puntos que se agregarían al proyecto que despenaliza y legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación girarían, en principio, en torno a los siguientes ejes:
Objeción de conciencia: Se contemplaría para los médicos, previa inscripción en un registro y no podría ser institucional, es decir, de todo un hospital o clínica, sino individual.
Menores de edad: En relación a las mujeres gestantes menores de 16 años, se remitiría al Código Civil y Comercial, que en su artículo 26 dice: “Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”. Se espera que haya fuerte discusión acerca de si una interrupción voluntaria de embarazo se debe considerar una intervención “invasiva” o no. Diputados y diputadas que están a favor de la despenalización del aborto, sostienen que se podría acordar que si se realiza con medicamentos, no es “invasiva”, y que solo en caso de intervención quirúrgica se debería exigir el consentimiento de los progenitores. Quienes están en contra, seguramente rechazarán esta interpretación, y argumentarán que siempre se trataría de un procedimiento médico “invasivo” y, por tanto, exigirían la anuencia del adulto responsable.
Acompañamiento a la persona gestante que pida un aborto: Se buscaría una redacción intermedia entre la del proyecto de la Campaña, que establece que solo basta con el consentimiento de quien lo solicita ante un profesional de la Medicina, y la ley uruguaya que prevé un proceso de consultas y obliga a la mujer a pasar por una comisión interdisciplinaria y reflexionar cinco días antes de que se concrete la práctica. Una alternativa que se baraja es que se sugiera el modelo de las consejerías pre y post aborto (se aplica en el municipio de Morón), pero no se impondría que sea obligatorio su conformación por parte de un equipo de varios profesionales –tocoginecologo/a, psicólogo/a, trabajador/a social– ante la imposibilidad de garantizar su implementación en hospitales o centros de salud con escaso personal, en localidades alejadas de los centros urbanos. Se podría incorporar, como concesión, que la mujer tenga un período de reflexión de tres días.
Causales: El proyecto de la Campaña habilita el aborto más allá de la semana 14 de gestación, en casos de violación y riesgo para la vida o la salud de la mujer (como ya está previsto en el Código Penal) y agrega además, si hay malformación fetal grave. Esta última causal se modificarla para que se permita siempre que se trate de cuadros incompatibles con la vida extrauterina, de modo de conformar a quienes plantearon reparos sobre esa definición.
“No vamos a hacer concesiones que no sumen más adhesiones”, dijo a Página/12, una de las diputadas oficialistas más comprometida con el proyecto de la Campaña. Pero habrá que ver cuál es el texto que finalmente se puede consensuar con más posibilidades de que sea aprobado, es decir, la mejor ley posible.
Otro punto que se está analizando tiene que ver con el alcance de la ley. Como las competencias de salud son locales, es decir, dependen de cada provincia, para evitar que se pongan más o menos obstáculos al cumplimiento de la normativa según la jurisdicción de que se trate, se mantendrán algunas situaciones en las cuales el aborto seguirá criminalizado por el Código Penal (por ejemplo, si un médico lo hace contra la voluntad de la mujer o persona gestante), para que siga estando regulada la interrupción de embarazo dentro de un código federal, de aplicación en todo el territorio. De lo contrario, la ley podría entrar en contradicción con constituciones provinciales que protegen la vida desde la concepción, como la de Córdoba.
Todavía no hay acuerdo en cuándo se obtendría el dictamen de las cuatro comisiones que intervienen en el tema, Legislación Penal, Legislación General, Salud y Mujer. Quienes están a favor, calculan que tienen las firmas para alcanzar un dictamen de mayoría y esa sería una señal para los “indecisos”. Por la misma razón, quienes están en contra, pretenden postergar la firma hasta el martes 12, un día antes de la sesión acordada para el debate en el recinto, para evitar el efecto que provocaría en los indecisos un dictamen mayoritario. La postergación de una semana de la firma de dictamen se está negociando por estas horas. Quienes presionan para que así sea, condicionan su presencia el día de la votación.
La sesión del 13 se habilitará con los 129 diputados y diputadas necesarios para garantizar el quórum. Pero si entre el dictamen y la sesión no hubieran transcurrido los 7 días contemplados en el Reglamento, se necesitarían los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento en el recinto. A menos de dos semanas de la histórica votación, el optimismo entusiasma a los que están a favor. Pero el resultado no está garantizado.
M.Carbajal-P12
