El Ministerio Público de la Defensa porteña imprimió un protocolo acerca de “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ´retira´ a un alumno del establecimiento”. UTE-CTERA denunció que no se puede desvirtuar el trabajo educativo por estrategias de orden policial “vinculadas al control de las conductas”. Ante el escándalo, el Ministerio Público ahora dice que dio marcha atrás.
“Si se cumple con lo anterior las autoridades de la escuela no deberán intervenir con el accionar de las fuerzas de seguridad”, señala un protocolo del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires entregado a un grupo de docentes porteños ayer por la tarde. El instructivo color celeste, que ya fue denunciado por los gremios docentes, estipula que los agentes de Gendarmería, Prefectura Nacional, Policía de la Ciudad y Policía Federal están autorizados a ingresar en los establecimientos educativos con orden judicial o sin ella (como “excepción”). El bloque de legisladores de Unidad Porteña presentará un pedido de informes a la Defensoría y reclamó la convocatoria de una mesa de diálogo entre los sindicatos, los organismos de Derechos Humanos y la Defensoría porteña para discutir esta nueva manifestación de violencia institucional, que condena a los jóvenes a la estigmatización y otorga un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público, por su parte, se defendió afirmando que se trató de un “error involuntario” de un área de la institución.
El protocolo de la Defensoría, que lleva el título “Fuerza pública en la escuela”, detalla “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ´retira´ a un alumno del establecimiento”. Inclusive muestra un modelo de orden judicial. “Podrán requerir la detención de un estudiante con orden judicial y en excepción, sin ella”, aclara el instructivo, que estipula que los delitos más comunes por los que se pueden llevar a los chicos son “hurto, robo, homicidio, lesiones, daños y usurpación”, entre otros. El mismo instructivo brinda información útil para preservar a los alumnos de una detención ilegal pero no cuestiona una práctica cada vez es más frecuente en las escuelas y la naturaliza, en consonancia con la Doctrina de Seguridad que pregona el Ministerio de Patricia Bullrich.
Cabe recordar que el 27 de marzo de este año Policía de la Ciudad y la Prefectura palparon a los estudiantes de la escuela de Bellas Artes D.E 21 “Lola Mora” y requisaron sus mochilas, agresión denunciada por los legisladores de Unidad Porteña, quienes presentaron un pedido de informes “para delimitar si el operativo se ha desarrollado en cumplimiento de los principios contenidos en la Ley de 5688, del Sistema Integral de Seguridad Pública”.
La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE-CTERA, expresó su “rechazo y repudio” al nuevo protocolo, y cuestionó que se abordara el ámbito educativo “desde una mirada policial, donde los posibles comportamientos de lxs estudiantes son estigmatizados y criminalizados”. “Más allá de que el organismo es respetuoso de los derechos, en este caso nos parece que es inapropiado y legitima prácticas de las fuerzas de seguridad que repudiamos”, subrayó a este diario Eduardo López, secretario del sindicato que hoy se sumó a la medida de fuerza convocada por CTERA para el próximo martes, en rechazo a la represión sufrida anoche por los docentes de Chubut durante una protesta en reclamo de aumento salarial.
López indicó que UTE reclama que se retiren todos los instructivos de las escuelas. “Exigimos que saquen un protocolo para impedir el ingreso de la Policía porque los efectivos sólo pueden ingresar con orden judicial o cuando se comenten delitos flagrantes; no puede haber excepciones”, puntualizó. A través de un comunicado, el gremio destacó que no se puede desvirtuar el trabajo educativo por estrategias de orden policial “vinculadas al control de las conductas”.
La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, de Unidad Porteña, subrayó a su turno que “las fuerzas de Seguridad no tienen que ingresar a las escuelas”. “Lo que nosotros pedimos, por el contrario, es que (esas fuerzas) cuiden a los chicos, porque la cuestión no pasa por seguir criminalizando a la juventud y a los docentes”, amplió.
Montenegro explicó, además, que el objetivo de la mesa de diálogo que convocará la comisión que preside es que hechos como el denunciado por UTE-CTERA “no se repitan”, y advirtió que “hay una política de represión clara” en alusión a la represión que sufrieron ayer los estudiantes de la FUBA que ocuparon de manera pacífica el edificio del Rectorado de la UBA para denunciar el fraude pergeñado por Franja Morada el último fin de semana. “Hay un decisión política de criminalizar a las organizaciones políticas, sociales, estigmatizar a los jóvenes, prohibir su organización y las tomas”, denunció la legisladora, quien concluyó que “nos daría más seguridad que los chicos tuvieran comida en lugar de que les mandaran policías”.
El Ministerio Público emitió un comunicado poco después de que se difundiera la denuncia, en el que aseguró que los instructivos se habían sacado de circulación porque “no reflejan adecuadamente la posición de esta institución” respecto del accionar policial. “Como es público y notorio, el MPD siempre condenó cualquier forma de intervención de las fuerzas de seguridad en las escuelas, por resultar contraria al derecho internacional de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, agregó la Defensoría porteña, que subrayó que el organismo “denuncia, reiteradamente, toda forma de violencia institucional y asiste a quienes la padecen, en especial a los sectores más vulnerables de la sociedad y a aquellos que son criminalizados por la protesta social”.
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