Dos días después de que fuera liberado el policía que disparó y mató al niño Facundo Ferreira, el Poder Judicial de Tucumán ordenó la liberación del otro agente implicado en el caso, Nicolás Gonzáles Montes de Oca, quien durante la noche del operativo había actuado bajo los efectos del consumo de cocaína y de marihuana. La decisión fue tomada por el juez subrogante Víctor Manuel Rougés, que reemplazó a su par Facundo Maggio, quien a pesar de ser el juez de instrucción de la causa no resolvió la situación el imputado porque había concluido su horario de trabajo.
Rougés decidió lliberar a González Montes de Oca una hora después de haber recibido el pedido de detención de la fiscal Adriana Gianonni. Se trata del mismo juez que, sin tiempo para interiorizarse del expediente, denegó el pedido de detención del policía Mauro Díaz Cáceres, de cuya arma salió la bala que perforó la nuca del niño de 12 años.
Montes de Oca había declarado ayer ante la fiscal, quien en vez de dictar el arresto durante 24 horas y elevar el pedido de detención esta mañana, en el horario de trabajo de Maggio, lo hizo después de las 13, cuando el magistrado ya no se encontraba en tribunales. “El segundo imputado tampoco pasó la noche detenido”, denunció Emilio Guagnini, miembro de la Asociación de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), que patrocina a la familia Ferreira.
Andhes subrayó, al mismo tiempo, que a pesar de que los peritajes determinaron que la bala que mató a Facundo no salió del arma de Montes de Oca, su situación no es menos complicada que la de Díaz Cáceres. No solo disparó también contra los niños que iban en moto sino que, además, actuó luego de haber consumido cocaína y marihuana. Así lo determinaron los análisis de sangre que constan en el expediente.
Él y Díaz Cáceres son los agentes de la Motorizada 911 que en la madrugada del 8 de marzo iniciaron la persecución contra Facundo y su amigo Juan, quienes volvían en moto de una picada que se corría en el Parque 9 de Julio. Ambos niños fueron heridos con postas de goma en la espalda y Facundo, que iba en el asiento trasero, recibió el disparo de plomo que lo mató.
La versión policial y de los gobiernos nacional y tucumano coincidieron en señalar que se trató de un “enfrentamiento” a tiros. Sin embargo, los peritajes todavía no lo determinaron. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió en su momento con la hipótesis de un tiroteo y avaló la actuación de la policía al afirmar que “disparar o no por la espalda depende de la situación, es un detalle.”
Los policías pudieron ser pasados a disponibilidad durante la investigación o tal vez detenidos en ese mismo momento hasta que se aclarase el caso. Ninguna de las dos cosas ocurrió. La fiscal Gianonni los citó a declarar como imputados recién cuatro meses después, cuando tuvo en sus manos los resultados de los peritajes.
Esos estudios indicaron que Facundo no había disparado el arma calibre 22 que se encontró en la escena del crimen, y precisó cuáles fueron las armas policiales de las que salieron los disparos. Los abogados de Andhes apelaron la decisión de Rougés sobre Díaz Cáceres y ahora también lo harán con la de Montes de Oca.
Ahora, la decisión quedó en manos de la Cámara, que podría tomarse un mes o más para decidir. Mientras tantos, los dos uniformados que protagonizaron ese hecho que conmocionó a la opinión pública y que fue uno de los casos testigo por los cuales la Comisión Sobre los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas (ONU) cuestionó la política de seguridad del Estado argentino, pueden seguir en funciones.
AFigueroa Diaz-P12
