El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, multó a un nuevo gremio por el presunto incumplimiento de una conciliación obligatoria. Ahora avanzó contra la Asociación de Trabajadores del Estado, a la que le impuso más de 220 mil pesos de multa por un conflicto ocurrido en 2015, hace tres años. El sindicato recurrió la medida y denunció que la sanción es irregular, “un mecanismo de disciplinamiento y subordinación” hacia las organizaciones que se oponen a las políticas de Cambiemos.
“A esto hay que inscribirlo en un marco mayor: las recientes multas contra Camioneros y Suteba, el intento de la semana pasada de impedir las elecciones de la CTA Autónoma, las intervenciones del sindicato del personal jerárquico de Ferrocarriles y de los judiciales de Mendoza, el no reconocimiento de la elección de autoridades de la Federación de los Aceiteros y de los azucareros de la Regional Noroeste”, advirtió el titular de ATE, Hugo Godoy.
El dirigente agregó que aunque los hechos por los que fueron multados ocurrieron hace tres años “nunca nos notificaron que existiera un procedimiento contra nosotros”. La impresión del sindicato es que, tras tres años de empeño, el ministerio encontró la única manera en que podía “perjudicar” al gremio.
El conflicto ocurrió entre mayo y julio 2015, por un reclamo pendiente, del año anterior. Los trabajadores del Senasa habían reclamado en 2014 un aumento de sueldos y el pase a planta permanente de los contratados, entre otras reivindicaciones. Ante la falta de respuesta de las autoridades del organismo decidieron convocar un paro de 96 horas, del 4 al 7 de mayo de 2015. Trabajo dictó una primera conciliación obligatoria, que el gremio acató, pero dos meses más tarde, en julio, ante el fracaso de las negociaciones ATE llamó a un segundo paro, en esa ocasión de diez días. La cartera laboral recurrió otra vez a la conciliación pero el sindicato la desconoció “porque no se puede dictar dos conciliaciones en un mismo conflicto”. Además denunció que el ministerio no había hecho ningún esfuerzo en el período de conciliación para llegar a un acuerdo. El paro se cumplió, forzó la apertura de una mesa de diálogo y el 22 de julio fue firmado el acuerdo entre las partes.
Ante los hechos consumados, Matías Cremonte, abogado de ATE, advirtió que “Trabajo no puede sancionar a un sindicato sin haber pedido y conseguido previamente la autorización del Poder Judicial”. Así lo dispone la Ley de Asociaciones Sindicales de 1988, una norma que contempla los principios de no ingerencia y de libertad sindical.
El propósito de imponer una multa debió pasar, entonces, por el fuero laboral, que debería haber notificado a la Asociación de Trabajadores del Estado del expediente. Para eludir ese paso, el ministerio invocó un artículo de otra norma -Régimen de sanciones por infracciones laborales, del Pacto Federal del Trabajo-. Se trata de una ley destinada a perseguir la informalidad laboral, que contempla sanciones a los empleadores que tengan personal no registrado, pero que en un inciso de uno de sus artículos califica como infracción muy grave que “cualquiera de las partes” de un conflicto no acate las resoluciones de una conciliación obligatoria.
Cambiemos explotó de manera intensiva ese inciso. Trabajo la usó para multar con más de 800 millones de pesos a Camioneros, mientras que la Provincia de Buenos Aires hizo lo propio contra Suteba, al que le impuso una multa de 660 millones de pesos, dos sindicatos que, al igual que ATE, no acataron el techo del 15 por ciento que el Gobierno quiso imponer en las paritarias.
En el caso de ATE es la primera vez que se le impone una multa de esta naturaleza y con tantos años de retroactividad. Si bien en los tres casos queda pendiente la impugnación ante el Poder Judicial, el mensaje para desalentar los paros es claro y cuenta con amplia difusión mediática.
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