El juez electoral de La Plata busca acumular las causas sobre la campaña 2017. Su pedido puede hacer extinguir los expedientes por lavado de dinero. Hay nuevos testimonios.
Una de las investigaciones judiciales que más comprometen a Cambiemos entró en zona de conflicto judicial.
El caso de los aportantes truchos en la campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires durante 2017 tendrá movimientos claves en los próximos días que definirán si la Justicia sepulta las hipótesis que más comprometen al oficialismo o permite que avance.
Esta semana, el juez electoral de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, solicitó a los dos jueces penales que investigan el caso que se declaren incompetentes en sus causas y le remitan los expedientes a su juzgado.
El magistrado lo hizo en base al pedido del fiscal electoral subrogante, Guillermo Ferrara, nombrado hace un mes en el cargo por el procurador general, Eduardo Casal. Los jueces que recibieron el pedido de Gabino Ziulu son Sebastián Casanello (juez penal federal en Capital Federal) y Ernesto Kreplak (juez penal federal en La Plata).
Ambos ya pidieron a las querellas (los ciudadanos que figuran como aportantes truchos) que fijen una posición sobre el pedido del juez platense. Tienen tres días para opinar. Luego será el turno de los fiscales.
En la causa de Kreplak, la fiscal Ana Russo ya fijó su posición: la maniobra montada por los recaudadores de la campaña 2017 se encuadra dentro de delitos penales, no electorales.
Lo mismo planteó el fiscal Carlos Stornelli, que interviene en la causa de Casanello, cuando abrió la investigación. Aún no se sabe si Stornelli, que delegó esta causa en su colega Guillermo Marijuan, será el encargado de fijar nuevamente la posición o lo hará su par.
-Lavado. Las causas de los jueces Casanello y Kreplak tienen prácticamente el mismo objetivo: tienen pruebas y testimonios que avalan que Cambiemos utilizó aportantes falsos para blanquear aportes de campaña y buscan determinar dos puntos centrales: el verdadero origen del dinero que utilizó el oficialismo para financiarse, y cómo los responsables de esta recaudación obtuvieron las listas de aportantes falsos.
La mayoría de los casos ya probados incluye a miembros de cooperativas de trabajo y beneficiarios de planes sociales, como reveló El Destape, y trabajadores del Estado y empleados de empresas proveedoras del Estado, como reveló PERFIL.
Ambos magistrados saben que eventualmente –y no dentro de mucho tiempo– solo uno de ellos quedará a cargo de la investigación por presunto lavado de dinero y falsedad ideológica.
Sin embargo, el pedido del juez electoral de La Plata descolocó a más de un investigador de estos expedientes. Lo que los fiscales y jueces penales decidan es central para el Gobierno, pero es casi cantado.
La clave será lo que decidan sus superiores, en la Cámara Electoral y en la Cámara Federal.
Las opciones son: ser investigados por irregularidades electorales o por lavado de dinero y falsedad ideológica, entre otros delitos penales. Hay un abismo de consecuencias legales.
-Nuevas pruebas.
Casanello ya tienen alrededor de cuarenta casos comprobados de aportantes falsos y Kreplak detectó otros 27.
Casanello también probó, gracias al testimonio de los damnificados, que se trucharon afiliaciones al PRO, por lo que ordenó una pericia caligráfica de las fichas de afiliación. De ahí el delito de falsedad ideológica.
El juez Kreplak, en tanto, ya obtuvo de la AFIP los datos de los 4.200 aportantes y su equipo comenzó a cruzar los datos para determinar si tienen la capacidad de realizar los aportes con los que figuran en los informes de Cambiemos.
Ambos jueces también intentan determinar de dónde obtuvieron las autoridades la lista de damnificados. Hay otro delito penal en carpeta: dádivas.
Algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, Casanello también investiga la hipótesis de que los nombres de estas personas fueron utilizados para camuflar aportes de los empresarios, que por ley no pueden realizarlos.
En el caso de la empresa de seguridad Murata, la compañía mantuvo y ganó contratos con Cambiemos después de prestar los nombres de sus empleados para la maniobra, como comprobó este medio.
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