Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el 57% de los represores recibió el beneficio
Los datos son oficiales. En la Argentina el 57% de los condenados por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar están detenidos con prisión domiciliaria. El porcentaje se incrementó desde la llegada de Mauricio Macri al poder. Por otra parte, 36 genocidas aún permanecen prófugos. En total los condenados son 862 y otros 122 fueron absueltos. Los datos a los que accedió Infobae fueron procesados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende de la Procuración General de la Nación.
Según esa estadística, desde el año 2006 y hasta el 20 de septiembre de 2018, los magistrados dictaron 209 sentencias. En total, se resolvieron 1.004 detenciones. Pero con el correr de los años, las apelaciones de los abogados defensores, y el cambio de los aires políticos, del kirchnerismo al macrismo, 641 de esas personas, la mayoría integrantes de las fuerzas de seguridad, fueron agraciados con arresto domiciliario.
Si se analizan esas causas con más detalle, y siempre según los datos del Ministerio Público Fiscal, hasta mediados de septiembre de 2018, se registró un total de 575 causas, en las que fueron investigados 3.020 imputados.
Los datos duros de las estadísticas aseguran también que en ese lapso fueron 984 los imputados que han sido sentenciados. De ese total, 862 fueron condenados y 122 terminaron absueltos. De estos últimos, 43 pasaron más de 10 años presos siendo inocentes según la justicia.
En otras palabras, en este momento hay más imputados libres que detenidos y más genocidas con arresto domiciliario que en una cárcel común.
Uno de los emblemas de los Centros Clandestinos de Detención Bonaerenses, Miguel Etchecolatz, ex jefe de la Policía Bonaerense y el capo supremo de los 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia, fue uno de los esos beneficiados con prisión domiciliaria.
Sin embargo, la rápida reacción de los fiscales que apelaron la decisión de los jueces, y de los organismos de derechos humanos, posibilitó que el ex represor, de 89 años, volviera al Penal de Ezeiza.
Desde ese lugar, y a través de sus abogados, el ex genocida le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal ser reincorporado a la policía, lugar del que fue exonerado por decisión del auditor general de Asunto Internos, el abogado Guillermo Berra.
Es más, Etchecolatz al apelar su exoneración le exigió a las autoridades provinciales que le dijeran “qué acciones” había realizado “para ser encuadrado en las supuestas faltas atribuidas”.
El represor fue condenado en seis expedientes diferentes por secuestros, torturas, asesinatos y apropiaciones de bebés, y está procesado además en numerosas causas que aún no llegaron a juicio.
La ex mano derecha del ex general Ramón Camps, también es el principal investigado por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López y ya recibió condenas de 23 y 25 de prisión por hechos aberrantes y delitos de Lesa Humanidad.
El reclamo de ex jefe policial podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, pero sus chances de que tanto él o su familia, después de su fallecimiento, reciba los beneficios de su jubilación privilegiada es extremadamente dudosa.
Uno de los últimos beneficiados con prisión domiciliaria fue el del represor Luis Antonio Falco, condenado por la apropiación del diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Juan Cabandié.
El beneficio fue otorgado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 1 a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Falco había sido sentenciado a 18 años de prisión, pero luego la Cámara Federal redujo la pena a 14 años.
Durante el juicio se probó que Falco fue el apropiador del diputado del Frente para la Victoria y que formaba parte de la amplia nómina del Personal Civil de Inteligencia de la Policía Federal.
En diálogo con Infobae, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que “nuestra organización rechaza este tipo de decisiones dictada por los jueces que convierten la prisión domiciliaria en un privilegio para los represores. El único lugar para los genocidas es la cárcel común, no sus casas o la calle”.
Mientras esto sucede, hace algunos días se conoció que organismos de Derechos Humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital le solicitaron al Papa Francisco que expulse de la Iglesia al cura Christian Von Wernich, condenado por siete asesinatos durante la pasada dictadura militar.
En el fallo los magistrados determinaron que el aún sacerdote preso engañó a sus víctimas, prometiendoles que iban a salir del país, y que les solicitó dólares a sus familias para los gastos. Sin embargo, las mataron camino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El año pasado el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata había rechazado el pedido del arresto domiciliario solicitado por la defensa del ex capellán de la Policía Bonaerense y que también impulsaba el gobierno nacional junto a otras 95 solicitudes.
Hasta el momento el Vaticano no se expidió sobre la medida solicitada por los organismos humanitarios y que está basada en la sentencia judicial que determinó que Von Wernich debía purgar una condena a “reclusión perpetua e inhabilitación perpetua” para ocupar cargos públicos por haber cometido delitos “de lesa humanidad” en el marco del genocidio producido por la última dictadura militar.
AKlipphan-Infobae
