Más de 3.000 vecinos aportaron su firma esta semana en el marco de la campaña que puso en marcha la Liga de Amas de Casa de Mar del Plata con el objetivo de exigirle al Gobierno nacional que retrotraiga los cambios aplicados recientemente a la tarifa social de gas.

La iniciativa, que comenzó el lunes y se extendió durante toda la semana en la sede de la Liga, ubicada en Moreno 3546, concluyó este viernes con el refuerzo de una instalada en la Peatonal San Martín y Mitre donde más usuarios avalaron la presentación que realizará en los próximos días la entidad que conduce Marisa Sánchez ante Presidencia de la Nación y la Secretaría de Energía.

La actividad frente a la Catedral culminó este viernes por la tarde y luego de pasar a recoger las firmas que también se estuvieron juntando en simultáneo en el Club Talleres, el Hogar de la Hermana Marta, el Centro de Jubilados de Batán y el Polideportivo del barrio Las Heras, la titular de la Liga informó que se registraron más de 3.000 firmas en las planillas dispuestas.

“Hemos tenido una importantísima recepción durante toda la semana, con vecinos que no solo aportaron su firma sino que nos decían ‘Hagan algo, no se puede pagar la factura de gas’; porque estos cambios aplicados en la tarifa social afectan y van a afectar aún más al usuario más vulnerable, al que menos posibilidades de enfrentar las grandes tarifas tiene”, explicó Marisa Sánchez.

La presentación que la Liga realizará ante Presidencia de la Nación y la Secretaría a cargo de Javier Iguacel irá acompañada por la firma de los más de 3.000 marplatenses y batanenses que se sumaron. En ella, se exigirá dejar sin efecto los alcances de la Resolución 14/2018 que recortó beneficios en la tarifa social de gas.

“La gente nos alentó a hacer esta presentación porque ve que más allá de alzar la voz, nos ocupamos, nos movemos y tomamos la iniciativa de ir a plantearle formalmente al Gobierno que es inviable el recorte de la tarifa social”, dijo Marisa Sánchez y remarcó finalmente que la Liga hará esta presentación para “exigir que se retrotraiga esta medida que afecta directamente a las familias de menores recursos, los jubilados y las entidades de bien público, entre otros”.