La fiscalía solicitó penas para todos los acusados por los crímenes cometidos en los centros conocidos como Puente 12 y la comisaría de Monte Grande durante la dictadura. Podría ser la cuarta condena para Etchecolatz.
El próximo viernes 26 de octubre les sobrevivientes y familiares de víctimas de los centros clandestinos conocidos como Puente 12 y la Comisaría de Monte Grande sabrán si el Tribunal Oral Federal número 6 condena al represor Miguel Etchecolatz y otros ex policías y militares por los crímenes de lesa humanidad que cometieron allí durante la última dictadura cívico militar. La Fiscalía solicitó penas para todos.
El juicio duró un año y diez días exactamente. Comenzó el 16 de octubre de 2017, en una audiencia de apertura en la que Etchecolatz sostuvo que se lo juzgaba por “defender a la Patria”. Dos meses después, la Justicia lo habilitó a cumplir las varias condenas por delitos de lesa humanidad con las que carga en su casa de Mar del Plata, beneficio del que gozó unos pocos meses: el reclamo constante de los organismos de derechos humanos y de los vecinos del Bosque Peralta Ramos, donde estuvo establecido poco menos de medio año, lo devolvieron a la cárcel.
Si el próximo viernes 26 los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero coinciden con el alegato de la fiscal Ángeles Ramos, condenarán a perpetua al ex director de Inteligencia de la Bonaerense durante la dictadura. Será, en ese caso, su cuarta condena a prisión perpetua. La fiscal basó su pedido en el rol jerárquico que ejercía Etchecolatz al momento de los hechos que estuvieron bajo análisis en el juicio: los secuestros y las torturas que sufrieron 125 hombres y mujeres en los centros clandestinos Puente 12, que también se llamó Cuatrerismo y Brigada Güemes, y la Comisaría Primera de Monte Grande, en Esteban Echeverría. De esas víctimas, 64 permanecen desaparecidas. Once eran mujeres embarazadas.
La misma pena y por la misma razón Ramos solicitó para el ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci. Para la fiscal, ambos son los “máximos responsables” de esos “chupaderos”, ubicados en la zona sur del Gran Buenos Aires. A los dos se les endilgó, además, responsabilidad –coautoría– en varios homicidios, según informó la Unidad especializada en delitos de lesa humanidad.
El TOF número 6 deberá definir también la situación de otros siete represores enjuiciados. Para ellos, Ramos, quien durante el debate estuvo acompañada de las fiscales ad hoc Viviana Sánchez y Clarisa Miranda, solicitó penas de entre 15 y 25 años durante su alegato, que duró cinco audiencias y culminó en julio pasado. Se trata de José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, que integraban la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense en calidad de subinspectores; los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino; el ex cabo de la comisaría primera de Monte Grande Nildo Jesús Delgado; y los ex guardias dedicados a la custodia de las personas secuestradas Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso.
La sentencia se espera para el mediodía y tendrá lugar en donde lo tuvo el resto del juicio, en la sala de audiencias que está ubicada en el SUM de Comodoro Py, Retiro. Allí esperarán con ansias los integrantes de la Comisión Vesubio-Puente 12, en su mayoría sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura, responsables en gran parte del avance tanto de la instrucción como del debate oral sobre los crímenes que sucedieron en esos centros clandestinos.
Muchos de ellos están representados en el debate por el abogado Pablo Llonto, quien alegó tras Ramos y también reclamó condenas para los acusados. Como la fiscal, el abogado hizo hincapié no solo en la responsabilidad de los represores en los crímenes sino también en la negativa de ellos a ofrecer información sobre los hechos.
ABullentini-P12
