Cuatro funcionarios de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa fueron procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por irregularidades en la contratación de la primera empresa privada que iba a retomar la búsqueda del ARA San Juan a fines de junio pasado. Las integrantes de las fuerzas y de la cartera conducida por Oscar Aguad están sospechados de beneficiar a una empresa española, propiedad de un argentino con vínculos con la Armada, que no tenía ni experiencia ni capacidad para realizar la búsqueda.
Los procesados por incumplimiento de deberes de funcionario público son parte de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Defensa: Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea, y Pablo Longhi, integrante de la subsecretaría de Servicio Logístico. De Giorgi consideró que los funcionarios “omitieron aplicar la ley” al preadjudicar la búsqueda del ARA San Juan a la firma española Igeotest Geociencias y Exploraciones SL, propiedad del argentino Marcelo Devicenzi.
“Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta”, sostuvo la resolución del juez federal, que marcó entre otros errores administrativos que en el expediente el número societario de la empresa española Igeotest Geociencias SL pre adjudicada, no coincidía con el número de registro”.
La denuncia había sido presentada por la abogada Valeria Carrera, en representación de 9 esposas de submarinistas desaparecidos junto al ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017. Carrera había advertido la “adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública”.
La letrada había advertido que entre el llamado a concurso y la rápida preadjudicación el 1 de junio, los integrantes de la Comisión Evaluadora obviaron que se trataba de “una empresa sin experiencia”. En ese adjudicación veloz los responsables del Estado aceptaron el pliego con un CUIT que pertenecía a una empresa concursada desde abril de 2017 en un juzgado de Girona, España, que llevaba un nombre similar Control y Prospecciones Igeotest SL. “Los funcionarios responsables de la contratación directa de marras, no han actuado con la mayor diligencia, pero alguno de ellos sin duda adulteró los datos de la página en relación a la empresa preadjudicada”, advertía la denuncia.
Finalmente, el pliego fue aceptado en favor de Igeotest Geociencias SL que se impuso sobre otros empresas de renombre en el campo como SEA, del venezolano Hugo Marino, que prometía encontrar el submarino en cien días, y Ocean Infinity, que participó de la búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido en el Océano Indico. Tras la denuncia y la marcha atrás del Gobierno, Ocean Infinity sería la empresa contratada a mediados de agosto, 50 días después de que los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan realizarán una acampe frente a la Casa Rosada. Y a un año de la desaparición del submarino lo hallaría a 500 kilómetros de la costa argentina.
Además de las irregularidades, la causa tiene como trasfondo los posibles vínculos entres los integrantes de la Armada y Devicenzi, que serían el motivo de la contratación irregular a una empresa sin experiencia. Los puentes que unen a los integrantes de la Comisión Evaluadora con el titular de Igeotest Geociencias SL están en la historia de Devincenzi, un argentino que cursó el Liceo Naval en Río Santiago a fines de los 60, que fue voluntario en la Antártida y emigró del país en los albores del regreso a la democracia, en 1983.
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