A pesar de contar con dictamen favorable, el oficialismo aceptó postergar su tratamiento en el recinto para llegar a un mayor consenso sobre la redacción final del texto. Además, convirtió en ley -por 134 a favor, 55 en contra y 4 abstenciones- una reforma al reforma al Código Procesal Penal Federal.
La Cámara de Diputados postergó este jueves hasta el martes 18 el debate del proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol.
A pesar de que Cambiemos había logrado obtener hoy más temprano dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y Deportes, tras arrimar posiciones con la oposición, aceptó posponer su tratamiento en recinto para llegar a un mayor consenso en la redacción final del texto.
El proyecto también sanciona a los dirigentes que den entradas en forma gratuita, y establece que el derecho de admisión a los estadios lo realizará el Ministerio de Seguridad en lugar de los clubes, como sucedía hasta ahora.
Pese a que se incorporaron aspectos vinculados a la prevención que estaban presentes en un proyecto de Daniel Scioli, el kirchnerismo había anticipó que presentaría un despacho en minoría, al considerar que no es conveniente votar un tema “tan complejo” de inmediato, con tantas disidencias parciales sin resolver.
En tanto, la Cámara baja ya votó y convirtió en ley -por 134 a favor, 55 en contra y 4 abstenciones- una reforma del Código Procesal Penal Federal que actualiza esa normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia.
Al defender el texto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) recordó que el presidente Mauricio Macri suspendió su aplicación en 2016 porque “no estaban dadas las condiciones” para llevarlo adelante.
Burgos agregó que, tras esa decisión del Poder Ejecutivo, se hizo un importante trabajo para fortalecer su aplicación y mencionó, entre otras, la aprobación por parte del Congreso de varios proyectos de ley, como la de flagrancia y la de responsabilidad penal empresaria, que se incluyeron en la iniciativa sancionada hoy.
Al anticipar su respaldo, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, destacó que se trata de “un avance en el sistema procesal penal argentino” porque la sociedad “demanda que la justicia de una respuesta rápida y efectiva”.
Explicó que “en esta ley hay una gran parte de contenido que no tiene que ver con la creación de grandes figuras sino con un proceso de adecuación de normas; con finalizar una tarea de ensamble y compaginación”.
La reforma comenzará a implementarse en las jurisdicciones de Salta (que incluye las provincias de Salta y Jujuy) y Comodoro Rivadavia (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut) y después será aplicado en las provincias del centro del país.
El nuevo Código Procesal Penal establece pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno acusatorio -más rápido y totalmente oral- en el que los fiscales tendrán más protagonismo, que además es un requisito para el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .
El texto incorpora una docena de leyes aprobadas desde 2015 por el Congreso entre las que se encuentran la ley de flagrancia, creada para los delitos que están probados de manera indubitable; la del arrepentido, la de responsabilidad penal empresaria y la de ley de técnicas especiales de investigación, que incorpora las figuras del informante y del agente encubierto, entre otras.
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