El ministro de Defensa, Oscar Aguad, deberá presentarse el 28 de febrero a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo como responsable de las negociaciones y el acuerdo firmado con la empresa Correo Argentino, del Grupo Macri, a través del cual el Estado aceptaba perdonarle el 98,87 por ciento de su deuda de 4000 millones de pesos en perjuicio del patrimonio de la administración pública.
El fiscal Gerardo Pollicita había pedido la citación en un dictamen donde sostenía que existió un pacto “espuriamente concebido” por fuera del expediente concursal con el objetivo “beneficiar a la empresa” de la familia presidencial. Señalaba que Aguad -entonces ministro de Comunicaciones- había dado instrucciones a su director de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, quien también será interrogado por haber tramado y firmado el convenio a sabiendas de que era “abusivo”.
Del lado de la compañía serán indagados quien era su titular, Jaime Cibils Robirosa y el abogado patrocinante Jaime Kleidermacher. Los delitos en juego son: negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sigue pendiente la situación del presidente Mauricio Macri.
A pesar de todo el revuelo generado alrededor de este acuerdo favorable al Correo, del cual el Gobierno se retiró para pedir uno nuevo, la deuda sigue impaga. Si bien Macri, ante el escándalo, anunció que todo volvería a “foja cero” se sucedieron planteos y chicanas tanto de parte de la empresa como del Estado, sólo favorables a los intereses privados: el principal resultado fue el paso del tiempo sin que nada cambiara.
Los representantes estatales pidieron prórrogas favorables a la empresa, ésta intentó multiplicar obstáculos para impedir que se investiguen maniobras de vaciamiento durante el proceso concursal denunciadas por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, (tema pendiente en la Corte Suprema), en el ínterin el Correo ofreció pagar con un edificio que el Estado ya considera propio y luego presentó una nueva oferta aún discutida que varía poco y nada las condiciones. Mientras tanto, la firma de los Macri sigue apostando a conseguir algún resarcimiento en un despliegue de juicios que inició contra el Estado derivados de la estatización de la empresa en 2003. O sea, quiere plata.
La resolución de Lijo cita, íntegro, el dictamen de Pollicita que a la vez respalda y vuelve a exhibir los argumentos que planteó la fiscal Boquín, cuando rechazó la homologación del acuerdo y denunció irregularidades. El Correo entró en concurso preventivo en 2001. Desde ese momento el expediente concursal se convirtió en un caso récord en dilaciones que evitaron desde entonces y hasta la actualidad que la empresa pagara sus deudas, principalmente por cánones que nunca abonó al Estado.
A la vez eludió la quiebra, que arrastraría a sus controlantes, Socma y Sideco. Durante esos 17 años, en cuatro oportunidades los representantes estatales rechazaron ofertas del Correo por considerar que eran perjudiciales para las arcas públicas. La última propuesta había sido rechazada en 2015, pero al año siguiente, ya con Mauricio Macri en la presidencia, todo cambió.
En el expediente hay listas de audiencias y temarios de las primeras reuniones de Gabinete de ese año, donde ya aparece la cuestión de la deuda del Correo como tema a tratar, de interés. El presidente Macri transfirió las acciones ligadas a esa firma a otros miembros de su familia, y Franco había hecho algo similar pero seguía siendo beneficiario.
El dictamen de Pollicita que recoge el juez puntualiza que desde 2016 hubo un cambio de actitud estatal y lo que antes se consideraba como una oferta desfavorable, dejó de serlo a pesar de que no había grandes variaciones. De una actitud cuidadosa de los intereses pecuniarios del Estado pasaron a proteger a los intereses de la empresa, explica.
Comenzaron entonces las reuniones, entre miembros del ministerio de Comunicaciones y Correo, como documentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Una el 11 de marzo de 2016, con un encuentro del secretario de Tecnologías de la Información, Héctor Huici, con Robirosa; el 14 de abril también junto a ellos participa Mocoroa; el 19 de mayo Mocoroa se presenta en la causa a asumir la representación estatal y pide una audiencia con el Correo; en una nota del 23 de mayo le anticipa a Aguad que la empresa hizo una oferta, que no fue presentada en el expediente hasta dos semanas después; Aguad, en la nota 55/2016, muestra que ya conoce la oferta y le da instrucciones sobre lo que se puede aceptar, de modo que en la audiencia sucede una suerte de “acting” donde Correo ofrece 19 cuotas y 6 por ciento de interés anual, sabiendo que era inadmisible (era lo mismo ofertado en 2014), y luego pasa a 15 cuotas y 7 por ciento de interés, que era justo el mínimo señalado por el ministro, rápidamente aceptado por Mocoroa.
Para ese entonces, un análisis del Banco mostró que, sin contar intereses posconcursales, sólo se le pagaría al Estado el 5,85 por ciento de la deuda. Un estudio completo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones de la Procuración (DAFI) constató que las 15 cuotas equivalían a una quita del 98,87 por ciento, o sea, el Correo pagaría realmente sólo 1,13 por ciento del crédito. La quita exacta era de 4.656.446.226 pesos y para colmo se terminaría de pagar en 2033, cuando equivaldría ya a 70.000 millones.
¿De qué se responsabiliza a Aguad? “Supo desde el primer momento que al aceptar la propuesta de pago de la concursada se estaba apartando de sus deberes de protección y cuidado de los bienes nacionales, cuya custodia era inherente a su condición de ministro”, “acordó con la contraparte” fuera del expediente; “el acuerdo alcanzado” fue resultado de “una connivencia previa” para “someter la voluntad estatal a las pretensiones de la concursada”. Mocoroa fue “brazo ejecutor” y asistió el día de la audiencia. Está citado para el 26 de febrero. Los representantes de la empresa de los Macri son considerados partícipes. Serán indagados el 19 y 21 de febrero.
Los grandes temas que quedan abiertos y que no está claro si la investigación finalmente los abarcará atañen a la responsabilidad del propio presidente Macri, que en un decreto incluso reconoció el conflicto de intereses, por lo que se inhibió de opinar en el tema. Sin embargo, ya lo había hecho con instrucciones para que Aguad diera marcha atrás después de que saliera a la luz el pacto. Luego se sumó una cadena de situaciones que constan en el expediente: la designación de Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) que pasa a tener un papel central. El funcionario fue denunciado porque su estudio solía representar al Grupo Macri. Saravia Frías pertenece a la mesa chica judicial de Macri y cerró el sumario que había impulsado su antecesor, Carlos Balbín, a quien esa decisión le costó el cargo. La última palabra sobre el cierre de esas a actuaciones la tuvo la vicepresidenta Gabriela Michetti, que también dijo que no había irregularidades en danza; lo mismo había dicho Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, también denunciada. Eran conclusiones a contramano de lo que ahora despunta en la causa.
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