Una nueva solicitud de la Comisión Bicameral, la cual investiga las responsabilidades políticas en la tragedia del Submarino ARA San Juan, exhibió la postura de los legisladores que pertenecen a ella: acordaron solicitarle a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, que los habilite a estar presentes en la apertura y decodificación de los archivos que contienen las imágenes del naufragio, las cuales se expondrán en las instalaciones del Servicio de Hidrografía Naval el próximo 26 de febrero.
Las mismas fueron obtenidas por la firma contratada por el Estado para dar con la nave. En su misiva, el senador nacional José Ojeda sostiene que la presencia de los miembros de la Comisión que preside y los “expertos” que fungen como asesores, sería de fundamental importancia para brindar más transparencia a la investigación y, al mismo tiempo, para contribuir a la elaboración del informe final.
Los legisladores creen que tal reporte estará confeccionado para fines del mes de junio de este año. Si bien la carta solicitante ingresó al Juzgado Federal en el día de ayer, desde Caleta Olivia aún no se ha producido una respuesta. Infobae obtuvo la opinión de la mayoría de las querellas, las que en principio se muestran contrarias a habilitar la presencia de personas ajenas al expediente judicial durante esa jornada.
“Es un acto netamente procesal reservado a las partes. Si no pueden estar presente los familiares que estarán representados sólo por intermedio de sus querellas, no sería bueno hacer excepciones”, señaló la doctora Valeria Carreras, miembro del estudio de Fernando Burlando. Por su parte, por el lado de la querella a cargo de la doctora Lorena Arias, se indicó: “Es un acto jurídico que debe preservarse como tal, resulta importante preservar la prueba y con ello asegurar la tranquilidad de las familias”.
También emitieron opinión al respecto algunos peritos navales que una vez ratificaron que “ante un hecho como el que nos ocupa, términos tales como expertos, especialistas o cualquiera por el estilo, resulta totalmente inadecuado. No hay antecedentes de una situación como esta y lo máximo que podemos hacer es integrar con los conocimientos de cada uno, una opinión general acerca de lo que probablemente haya ocurrido, desde ya en la comisión no hay ningún perito naval que pueda aunar experiencia en navegación submarina, en accidentes náuticos y en visualización e interpretación de imágenes sonares al mismo tiempo”.
No son pocas las voces que se han alzado en diversos momentos de la investigación en curso para señalar que hay que ser muy cuidadosos para no transformar un tema tan sensible como la investigación de las probables causas del naufragio del ARA San Juan, en una disputa política o mediática. De la misma forma varios familiares han manifestado que resulta extraño que mientras que a ellos se les niega el acceso, el mismo se facilite a personas que no están investigando el hecho desde lo técnico sino desde lo político.
Al margen de lo que finalmente decida la magistrada, se estima que serán varias jornadas las que insumirá la visualización total de las más de 67.000 imágenes. Tal como lo ha manifestado la propia jueza, “muchas son solo vistas de las profundidades marinas, otras no serán de interés y otras deberán ser visualizadas e interpretadas por personas que nos puedan hacer ver todo lo que cada imagen nos está diciendo”.
Mientras tanto, tanto en sede judicial, como en el parlamento y en el Estado Mayor Conjunto, se siguen tomando declaraciones testimoniales que contribuyan a la eventual determinación de responsabilidades políticas, profesionales y penales según corresponda.
En lo estrictamente judicial, es claro el contrapunto surgido entre las distintas querellas, mientras que el grueso de los letrados se muestra en líneas generales conforme con la investigación, el doctor Luis Tagliapietra ha manifestado un franco enfrentamiento con la jueza Yañez, a quien le achaca la lentitud en la adopción de diferentes medidas procesales.
No son pocas las voces militares que alertan sobre el error que significó haber derogado durante la gestión de Cristina Kirchner el Código de Justicia Militar. “De haber tenido tribunales militares, esta cuestión ya estaría resuelta con las eventuales responsabilidades asignadas y siempre estaría la posibilidad de que la Justicia Federal actuara como alzada de la decisión del tribunal castrense”, manifestaron
Vale acotar en este sentido que, desde 2018, el Gobierno trabaja en la redacción de un nuevo código de justicia militar al que el Poder Ejecutivo Nacional confía poder convertir en ley durante el próximo período de sesiones ordinarias.
FMorales-Infobae
