El ministro del Interior Rogelio Frigerio anunció un endurecimiento de los controles para las personas que quieran radicarse en el país, en línea con las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri para obstaculizar la entrada y permanencia de los migrantes en Argentina.
La nueva medida implica la obligatoriedad de un certificado que acredite la carencia de antecedentes en los últimos 10 años, bajo el supuesto de “reciprocidad” entre los países. “Nuestro deber es protegerlos a ellos y por supuesto a todos los argentinos con acciones y políticas que los cuiden para que se sientan tranquilos”, señaló el funcionario, quien volvió a vincular la inmigración con la delincuencia.
En medio de la campaña electoral, el ministro afirmó que no se trata de una “decisión aislada” sino que va en línea con la decisión del gobierno de “impedir la entrada de personas involucradas en delitos”. “Por eso hemos reforzado todos los controles terrestres, marítimos y fluviales”, se vanaglorió el funcionario, que estuvo acompañado por el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García.
Frigerio volvió a utilizar a los inmigrantes como chivos expiatorios, al insistir en que en los últimos años aumentó considerablemente la cantidad de radicados, hasta llegar a 700 mil pedidos. “Probablemente, si hubiéramos conocido en el pasado los antecedentes delictivos de esta cantidad considerable de años de muchos que han pedido o solicitado la radicación, nos hubiéramos ahorrado seguramente haber tenido que enfrentar muchas acciones delictivas”, lanzó el ministro.
Para justificar sus dichos, aseguró que en estos últimos tres años de gestión del gobierno de cambiemos hay un “récord de radicaciones” pero también un “récord de expulsión”, que de acuerdo a sus cifras creció un 800 por ciento “en lo que va del periodo actual en comparación con el ultimo del gobierno anterior”. “Nosotros ofrecemos a todos los países antecedentes de diez años de acciones delictivas de aquellos argentinos que quieran radicarse en otros lugares del mundo y lo que pedimos es reciprocidad”, agregó.
Al momento de tomar la palabra, García destacó que estaba allí para “ratificar un concepto histórico en la argentina, un país abierto a la inmigración”, aunque luego pormenorizó a quiénes quieren dejar entrar y a quienes no. “Es un país abierto a todos los que vienen a trabajar, producir y estudiar en la Argentina”, indicó al subrayar que también se trata de un país que “quiere cerrarle las puertas al crimen organizado y a los delincuentes de cualquier lugar del mundo”. “Queremos ofrecerla al mundo y recibir del mundo lo que realmente la argentina brinda: la verdad. La verdad de todos los que vienen a radicarse al país”, concluyó en línea con el discurso oficialista.
La decisión gubernamental llega semanas después de que el Ejecutivo suscribiera un convenio de cooperación y asistencia entre el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones y la Justicia de seis provincias, con el objetivo de “combatir el delito transnacional”. Su anuncio se da a tres años del cuestionado decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones y habilitó un procedimiento de detención y deportación express bajo la asociación de la inmigración con delincuencia. Los números desmienten categóricamente sus apreciaciones: menos del uno por ciento de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal y el porcentaje de personas extranjeras encarceladas ronda entre el 4,9 y el 6 por ciento de acuerdo a los registros.
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