Los Defensores del Pueblo locales volvieron a expresar su preocupación por el futuro de las pensiones por invalidez y manifestaron que el tiempo para actualizar el plazo es insuficiente.
“La Agencia Nacional de Discapacidad intima mediante cartas documento a realizar un trámite de actualización de ese beneficio. Sin embargo, no hay ningún efector de salud pública que tenga capacidad para hacerlo”, manifestaron.
Los defensores exigieron que “la Agencia se abstenga de imponer los plazos establecidos por carta documento ya que no están dadas las condiciones operativas. Además su aplicación constituiría un perjuicio concreto para los pensionadas y pensionadas”.
En este sentido expresaron que “rechazamos este procedimiento porque ataca un derecho adquirido por los pensionados”, dijeron y agregaron que “se trata de un proceso administrativo que tiene como objetivo un recorte presupuestario en un momento de aguda crisis económica y social”.
Los defensores estuvieron este martes con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur (INAREPS), del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y de la secretaría de Salud. El objetivo fue tratar el tema de las pensiones pero pudieron constatar que hasta el momento ninguno de esos efectores de salud tiene capacidad operativa para gestionar la actualización de las pensiones que pide la Agencia Nacional de Discapacidad.
