Organismos de Derechos Humanos se reunieron en la sede de la Casa de la Memoria para pedir la destitución del Fiscal General, Fabián Fernández Garello ante la decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence de ordenar el procesamiento sin prisión preventiva por considerarlo “partícipe necesario” en la desaparición de tres militantes comunistas durante la última dictadura cívico-militar.
En ese contexto, el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, aseguró que “hay dos nuevas denuncias contra Fernández Garello que confirman su rol en delitos de lesa humanidad”.
Según la información brindada por el organismo, el fiscal participó de dos hechos que están documentados y que lo relacionan con la desaparición de ciudadanos chilenos y paraguayos. Anteriormente, Fernández Garello dijo que solo había realizado un censo a ciudadanos chilenos pero Cirpiano García explicó que el censo en realidad fue un trabajo de espionaje para la policía bonaerense y esos chilenos censados eran militantes que escaparon de la dictadura de Augusto Pinochet que luego terminaron desapareciendo”.
Por otro lado, contó el dirigente de Derechos Humanos, el segundo caso que lo involucra es la desaparición forzada de un ciudadano paraguayo, Mario Rodríguez Medina, que aun esta desaparecido y forma parte del listado de la Conadep. García señaló que “Rodríguez Medina desapareció en febrero de 1979, el primer informe lo firma Garello y dice que fue llevado comisaria de 3 de febrero en donde permanece un mes”. “Esa comisaria funciono como centro clandestino de detención, con lo cual, no puede desconocer este hecho”, agregó.
La CPM sostuvo que “como agente de inteligencia de la bonaerense, Fernández Garello fue parte central en la maquinaria del terrorismo de Estado”. En esa línea, Cipriano García resaltó que “empieza a resquebrajarse el muro de impunidad con el que el poder judicial y la clase política que lo viene sosteniendo”.
Por último, insistieron en remarcar que “Fernández Garello fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado y debe ser inmediatamente destituido de su cargo”.
Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.
Foto: Marcelo Nuñez
