El intendente municipal decidió extender por decreto y por el plazo de dos años la concesión de la prestación del servicio de transporte público del partido de General Pueyrredon. La novedad se conoció en horas de la mañana de este jueves y el secretario de gobierno, Alejandro Vicente, fue el encargado de dar a conocer la decisión a la prensa.
La razón que sostiene la decisión del ejecutivo es que el próximo 19 de junio vence la actual concesión, por lo que Alejandro Vicente explicó que “una vez vencida la concesión, se podían llevar a cabo dos figuras. Por un lado, la prórroga, prevista en el pliego por un plazo de tres años, y que la otorga el Ejecutivo, con previo acuerdo del Concejo Deliberante, por ese motivo el 30 de enero elevamos un proyecto de ordenanza para que el Concejo debata y le dé tratamiento a la prórroga para que luego el Ejecutivo la implemente, algo que finalmente no ocurrió. Entonces, para evitar caer en la precariedad del sistema se procedió a utilizar la figura de la continuidad, que es por dos años y la decide directamente el Departamento Ejecutivo, sin intervención del HCD”.
En el tramiento en comisiones del Concejo Deliberante la propuesta inicial del intendente de extender la concesión por el plazo de 3 años no tuvo el acompañamiento necesario y ante la inminencia de vencimiento de plazo, y descartando de plano la discusión de un nuevo pliego de bases y condiciones que reemplace al aprobado en el año 2004 es que el intendente tomó la decisión de extender el vínculo a través de un decreto y por el plazo que habían sugerido los y las concejales.
El decreto beneficia a todas las empresas que actualmente tienen a cargo el servicio, es decir: Peralta Ramos, 12 de Octubre, El Libertador, 25 de Mayo y Batán SA. Juan Inza, padre e hijo, Diego Basílico, Federico José Pomero, José Alberto Ferraresi y Carlos Málaga, titulares de varias de las mencionadas empresas, se encuentran procesados por la justicia en el marco de la causa denominada como “Choferes fantasmas” por haber falseado declaraciones juradas y haber mentido en la cantidad de choferes para cobrar mayores subsidios del Estado. La defraudación, según la investigación de fiscal en delito económicos Alejandro Pellegrinelli, asciende a $16 millones.
