Las madres de Ángeles Rawson y Lucila Yaconis, sobre el registro de violadores
Jimena Aduriz e Isabel Yaconis buscan que los sistemas judiciales provinciales agilicen la entrega de los datos genéticos de delincuentes sexuales. Una quiere comprobar si el asesino tuvo otras víctimas, la otra quiere saber la identidad del hombre que mató a su hija
“Cuando a los dos días de que mataron a mi hija me dijeron que había una muestra de ADN del asesino yo pensé: ‘Qué espectacular, ya lo tenemos'”, recuerda Isabel Yaconis sobre esos tristesde abril de 2003 cuando Lucila, de 16 años, había sido interceptada en las ocho cuadras que tenía que caminar hasta su casa por un hombre que intentó violarla y luego la mató. “Ahí me di la nariz contra la pared”, dice, resignada, 16 años después.
Isabel es, junto al colectivo Madres del Dolor, la impulsora de la ley 26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG), una herramienta que busca contribuir en el esclarecimiento de crímenes marcados por la violencia de género con el ADN del agresor como prueba, y el violador como una incógnita.
En 16 años de causa por el crimen de Lucila se hicieron cerca de 80 cruces de muestras con posibles sospechosos: todos dieron resultado negativo. Desde el día en que apareció el cuerpo y hasta hoy, Isabel se aferra a esa prueba para encontrar lo que suena prácticamente imposible, una verdadera aguja en un pajar: la identidad del asesino, el dueño de ese ADN.
Lo primero que pidió el fiscal José María Campagnoli por entonces fue que el Servicio Penitenciario brindara la lista de condenados por violación que estuvieran prófugos o en libertad condicional en ese momento. Eran seis, pero el grupo sanguíneo de cinco de ellos no coincidía con la muestra genética que había quedado en el cuerpo y la ropa de Lucila. El único sospechoso pasó a ser José Humberto Giardino, que en 1998 había matado en el barrio de Belgrano a Andrea Fabiana Mugrabi, de 23 años, fue condenado y estaba prófugo. Le había pedido al juez una salida por su cumpleaños y nunca volvió.
“Los violadores migran”, dice Isabel a Infobae. Como Giardino había atacado en Belgrano -barrio que forma parte de la zona bautizada entonces como el “Triángulo de las Bermudas” junto a los barrios de Núñez, Coghlan y el partido de Vicente López, por las numerosas violaciones que allí ocurrían- y tenía familiares en la zona, se creía que él podría haber sido el asesino de Lucila, eran muchas coincidencias.
Pero Giardino estaba lejos. Trabajaba como camarero en una parrilla de la ciudad de Goya, Corrientes bajo el nombre de Carlos Rafael Bottini Colángelo y había estado un año antes en Concordia, Entre Ríos, donde había descuartizado a Mara Torales, una nena de 14, bajo el nombre de Carlos Verón.
Luego, su cara en un programa de televisión alertó a una kiosquera, que se dio cuenta que era el hombre que se cruzaba todos los días y lo delató. Cuando lo detuvieron, Giardino confesó el crimen de Mara y la existencia de sus distintas identidades falsas. Del caso de Lucila no dijo nada y la muestra de ADN confirmó lo que ya se empezaba a temer: él no la había asesinado. “Ignoraba que había tenido otros ataques, yo lo buscaba por Lucila”, cuenta Isabel. “La madre de Andrea tampoco sabía y cuando lo vio por televisión se desmayó”.
Ahora Yaconis pidió al médico genetista y titular del RNDG, Jorge Dotto, que el ADN de Giardino se incorpore al registro.
Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, acompaña a Isabel en su encuentro con Infobae.
Un mes después del crimen de Ángeles se promulgó la ley que regula el Registro. Jimena dice que fue “para apaciguar la mediatización” del crimen de su hija. Recuerda los días tras el femicidio de su hija, qué hacía en su departamento de la calle Ravignani. Escribía, por ejemplo, un diario íntimo, con su hija como interlocutora.
“Yo a Ángeles le escribí durante un mes, todo el tiempo que estuve escondida porque la prensa me atosigaba. Se llama ‘Mis días de cautiverio’ y el 4 de julio yo le puse: ‘Gorda, acaban de aprobar la ley de huellas genéticas. Viste que al final tu muerte sirvió para esto'”, cuenta.
Sin embargo, el registro comenzó a operar recién en noviembre de 2018, cinco años después.
Jimena, tal como Isabel, también tiene un interés. Busca saber si acaso Jorge Mangeri, el femicida de su hija, atacó a otras mujeres a lo largo del tiempo. El Registro, que ya tiene el ADN del ex portero, puede ser la herramienta que resuelva esta duda.
“Lo importante es lo preventivo. Si en ese momento hubiera sido reglamentado se habría evitado la muerte de Micaela García o la de Micaela Ortega, en manos de delincuentes que ya habían sido condenados. La ley se presentó en 2009, el año que la mataron a Soledad Bargna”, insiste Jimena.
La utilidad de la herramienta radica en la posibilidad de poder cotejar las muestras -que se almacenarán durante 100 años desde el inicio de la causa- con el resto de los datos genéticos que integran el registro. Está pensado para que lo integren quienes cuentan con sentencia firme en casos de delitos sexuales (más de 23 mil en todo el país) y por otro lado, la evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación de autores no individualizados. La primera de este tipo que se incorporó fue la del asesino de Lucila y ya está hecho el pedido para que se agregue el único ADN sin nombre de otro caso emblemático, el asesinato de Natalia Melmann.
A través del sistema CODIS (por su sigla en inglés: Combined DNA Index System o “Sistema de Índice Combinado de ADN”), desarrollado por el FBI e incorporado en Argentina gracias a un convenio con el Ministerio de Seguridad, los perfiles genéticos puede ser comparados para rastrear coincidencias.
Sin embargo, las muestras sólo pueden incorporarse con una orden judicial. A pesar de que ya se enviaron las notificaciones correspondientes al 74% del total de condenados, el RNDG solo tomó hasta el momento cerca de 600 muestras entre delincuentes alojados en el Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense, y a personas con condena cumplida citadas por la justicia.
Las Madres del Dolor atribuyen esa demora a que las justicias provinciales no cumplen la ley y pidieron en un comunicado a los Procuradores y Tribunales Superiores de Justicia provinciales, que tienen a cargo los laboratorios públicos y estatales de genética forense, que compartan la información genética de los condenados y evidencias de los NN. También exigen que se acredite al menos un laboratorio de genética forense por jurisdicción, ya que actualmente solo existen siete avalados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Jujuy, Salta y la Ciudad de Buenos Aires).
“Nosotras colaboramos con el registro pidiendo por casos que hemos acompañado pero es un trabajo de hormiga”, explica Isabel. “Lo nuestro ya no tiene vuelta atrás porque ningún ADN positivo nos va a devolver a nuestras hijas, pero necesitamos evitar que haya más víctimas”. Jimena coincide y repite varias veces que las provincias están sumidas en el “quintismo”.
“La Justicia de cada provincia, y no el Ejecutivo, son las que tienen la potestad de mandar los ADN. No puede ser que en la Argentina sigamos teniendo estos feudos. Los jueces también te ponen palos en las ruedas, no es tan fácil”, se lamenta.
Además, para Yaconis y Aduriz la resistencia a brindar el ADN -que se toma a través de un hisopado bucal, en proceso no invasivo que dura 30 segundos- les resulta absurda. “La huella dactilar está sancionada desde 1911, probablemente en 1910 la gente se opondría a poner su huella, hoy no se opone nadie. Hasta en el teléfono la ponés, te la piden y no lo cuestionás. Esto es exactamente lo mismo. Es el mismo cambio cultural que hay que hacer. No estás condenando con el registro, ni lo estás estigmatizando, es una ley de carácter registral”, asegura efusiva.
De todas formas, si se niegan, la Justicia puede autorizar el uso de la fuerza pública, cómo fue el caso del cura Julio César Grassi, o incorporar la muestra que consta en la causa, como fue el caso de Jorge Mangeri, el femicida de Ángeles. “A ellos todo lo que sea buena conducta les sirve para la libertad condicional y les quedó claro que por más que no quieran se lo van a tomar igual”, dice Jimena. “Mangeri está preso por querer violar y matar a mi hija pero yo quiero saber si tuvo otros ataques”. La pregunta que surge en ese sentido es: ¿por qué se niegan los que se niegan a hacerlo si no tienen nada que ocultar?.
En el caso Yaconis, sin embargo, el panorama es aún más complejo. Isabel espera que en las muestras del registro esté la respuesta de la identidad del asesino de Lucila. Ella, que sigue viviendo en Belgrano a cuatro cuadras de donde fue el crimen, piensa que puede estar en cualquier lado, que tal vez se lo cruza por la calle, que puede haber vuelto a atacar. Mientras tanto, el Juzgado N°15 a cargo de Karina Zucconi autorizó que la muestra encontrada vuelva a ser analizada.
“Hoy el asesino de Lucila para mí es un fantasma. Pero si algún día el ADN coincide con el que lleva otra víctima, aunque no sepamos quién es, vamos a tener dos ADN de la misma persona. Vamos a saber dónde está atacando, que está reincidiendo, y si la víctima está viva hasta te puede decir cómo es. Así podría empezar a tomar forma. Es imposible no colaborar con algo que va a ser tan positivo para toda la población”, dice.
“Fueron muchos años de lucha y muchas víctimas en el medio. Las madres estaremos de pie hasta nuestro último aliento”, concluye y la mira a Jimena, que agrega, seria: “A cualquiera le puede pasar que le violen a una hija. Le puede pasar a tu mujer, a tu hermana. Te puede pasar a vos. Me puede pasar a mí. No esperemos a que las cosas sucedan. Vamos a tocar todas las puertas que haya que tocar. Nosotras no tenemos nada que perder pero podemos ayudar para evitar futuras muertas”.
Un día después de esta entrevista, Jimena Aduriz publicó un fragmento de su diario íntimo que escribió tras el crimen de Ángeles. La frase inicial es: “¿Cómo alguien puede pensar que yo no la amé?”
PSafetle-Infobae
