El Gobierno Nacional, a través del Decreto 548/2019 publicado este 8 de agosto en el Boletín oficial, resolvió otorgar millonarias exenciones impositivas en importaciones de insumos a las empresas que desarrollan energías renovables.
El Decreto establece que las tasas de “bienes de capital que se importen exclusivamente para ser utilizados en la construcción de proyectos de generación de energía eléctrica de fuente renovable comprometidos en contratos de abastecimiento celebrados en el marco de las Rondas 1, 1.5 y 2 del Programa RenovAr y de la Resolución N° 202 del 28 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, el monto máximo a abonar no podrá superar la suma de USD 500”.
Hasta este Decreto, los montos impositivos eran de 125 mil dólares para cada importación. Es decir que a partir de ahora, las empresas se ahorrarán USD 124.500 en cada importación de cualquier bien de capital destinado a los proyectos de energías renovables.
De esta manera, bajo el pretexto de favorecer el desarrollo de este tipo de generadoras, se les garantiza una mayor rentabilidad a las pocas empresas (en su mayoría perteneciente a los mismos grupos empresariales) que están desarrollando proyectos de energías renovables en nuestro país.
Mientras que a los usuarios de los servicios públicos de luz y gas nos castigan con impagables tarifazos, las empresas monopólicas son beneficiadas con reducción de impuestos, desfinanciando las arcas del Estado Nacional. Todo un clima de época.
A la vez, al bajar las tasas de importación de esta industria, se sepulta cualquier posibilidad de desarrollo nacional ya que los empresarios podrán importar bienes del exterior sin impuestos, en vez de comprar o favorecer el desarrollo de industria y la tecnología nacional.
En un país con desocupación superior al 10%, subocupación y precarización laboral, se necesitan políticas públicas de fomento y apoyo para la apertura y crecimiento de industrias en Argentina y más específicamente en un área de avanzada tecnología como es el de las energías renovables.
No nos oponemos a la diversificación de la matriz energética y el crecimiento de las energías renovables. Consideramos necesario e imprescindible avanzar en el desarrollo de energías “limpias” en reemplazo de las energías tradicionales de hidrocarburos (gas y petróleo). Pero ya hace mucho tiempo que venimos advirtiendo que detrás de esta iniciativa “verde” se esconden oscuros negocios tendientes a favorecer la privatización y extranjerización del modelo energético nacional, en beneficio de unas pocas empresas.
Sabemos que muchos de estos nuevos parques eólicos del programa “RenovAr” son de empresas que los compraron a la familia del Presidente Mauricio Macri, cuyas acciones se valorizaron luego de los tarifazos y el impulso oficial por la energía eólica. Estas denuncias realizadas en algunos medios durante 2018, afirman que con estas ventas de acciones, la familia del Presidente obtuvo millones de dólares de ganancias.
Además, el pago de la energía generada en estos parques, el Estado Nacional (a través de la empresa CAMMESA) los paga a precio fijado en dólares (entre 70 y 110 dólares por Mw/hr), valores mucho más altos a los del resto de las generadoras. De esta manera, se profundiza la dolarización de la energía en nuestro país, para garantizarles rentabilidad a un puñado de empresas a cambio de tarifas impagables e imposibilidad de acceso a un derecho básico para los argentinos.
Como venimos afirmando desde hace mucho tiempo, necesitamos volver a recuperar en manos del pueblo argentino la matriz energética. Y vemos con mucha preocupación la profundización de un modelo cada vez más dependiente de los intereses privados y extranjeros en un sector tan sensible como es el de los recursos naturales y la energía.
De esta manera, la soberanía energética, por la que siempre luchamos, se aleja aún más con medidas como ésta, sin que trascienda en la opinión pública y en los medios masivos de comunicación.
