Los abogados que presentaron las cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de las comunidades mapuches de la Patagonia y por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado denunciaron una persecución “mediática y judicial”, a raíz de la difusión de que habrían sido sancionados por el Poder Judicial.
“Es una ataque difamatorio con el fin de deslegitimar nuestro rol como defensores en diferentes casos ante la CIDH: las represiones en las comunidades Pu Lof en Resistencia, Lof Lafken Winkul Mapu y contra los manifestantes que protestaban por la reforma previsional el 18 de diciembre pasado; la muerte de Rafael Nahuel y la cautelar interpuesta en su momento por Santiago Maldonado que, si bien se levantó, promovió las recomendaciones que el Estado no está cumpliendo”, explicaron Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana. “Se nos intima por una ley que nunca fue aplicada, por descabellada y vetusta, abiertamente inconstitucional (14.034), que penaliza a quien propicie sanciones económicas o políticas ante organismos internacionales contra el Estado argentino”, subrayaron.
La decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia no está firme porque Cabaleiro y González Quintana aún tienen pendiente una apelación ante Casación, pero en caso de que fuera rechazada deberán pagar 25 mil pesos cada uno “por falta de decoro y entorpecimiento de la justicia” mientras la causa estaba en manos del juzgado de Guido Otranto.
El episodio por el que se pretende sancionar a los defensores de los derechos humanos sucedió el 26 de febrero, cuando los abogados se presentaron en el juzgado federal de Esquel a raíz de una denuncia en su contra presentada por el Ministerio de Seguridad, que los acusó de asociación ilícita, usurpación de títulos y honores, falso testimonio y traición a la patria (sic). Aquel día, Cabaleiro y González Quintana llegaron poco después de las 13 a la sede del juzgado pero los policías de custodia les impidieron el ingreso. Los abogados invocaron en vano ante una empleada del juzgado que en los tribunales de Córdoba y de Capital Federal el horario se extiende hasta las 13,30 y que habían viajado más de 2 mil kilómetros para ponerse a disposición de la justicia. Finalmente Otranto autorizó el ingreso “por estrictas razones de distancia”.
“La denuncia la armó Otranto obligando a la empleada a firmar que había habido violencia de género a pesar de que gracias a ella misma pudimos entregar nuestro escrito”, aclaró Cabaleiro a este diario, quien agregó que terminaron firmando su presentación apoyados en la puerta del juzgado, ya que ni siquiera pudieron llegar a la antesala de la Mesa de entradas. “El argumento del empleado judicial fue que ‘desde que tenemos problemas con los mapuches, aquí fuera de horario no entra nadie’”, recordaron los dos letrados, quienes aclararon “nunca hubo insultos ni agravios a nadie, sino más bien un intercambio de ideas planteadas con vehemencia y énfasis por ambas partes”.
Los abogados insistieron en que la persecución contra ellos se inscribe en el marco de la estigmatización de los testigos directos de la desaparición seguida de muerte de Maldonado. Además, denunciaron que se “ha instrumentado una agresiva campaña mediática para desprestigiarlos”, y recordaron que la fiscal Silvina Avila denunció a uno de ellos, González Quintana, ante el Colegio de Abogados de Córdoba por haber acompañado la denuncia de la desaparición de Santiago Maldonado ante la CIDH.
A.Meyer-P12
