El Ente de Comunicaciones dictaminó que la capacidad de que las empresas fijen libremente sus precios es necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia“.
El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) eliminó todas las regulaciones que le ponían tope a las tarifas de Internet, celulares y cable. La institución, que actualmente está intervenida, eliminó las regulaciones de la anterior gestión de Claudio Ambrosini que fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual, a partir de declarar los servicios de telecomunicaciones e Internet (TIC) como “esenciales”. De este modo, a partir de los próximos meses las subas serán libremente fijadas por las compañías prestatarias.
- La decisión la tomaron los interventores Juan Martín Ozores (consultor y exempleado de Movistar), Patricia Roldán (abogada con 30 años de carrera en organismos estatales) y Alejandro Pereyra, exdirector del organismo en la gestión de Macri. Roldán y Pereyra operan en este caso como interventores adjuntos.
Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como “servicios públicos esenciales y estratégicos”, otorgando al Enacom la facultad de regular sus tarifas.
Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios.
La resolución, firmada por la intervención del Enacom, entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. En otro tramo del documento, explicitan que tal como surge del DNU N° 302/2024 “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente” y que “el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”. (DIB)
