El crecimiento de la cifra de homicidios en Uruguay, que el mismo presidente Luis Lacalle Pou asoció “al negocio del narcotráfico”, enciende nuevas alertas en el país, mientras especialistas advierten sobre los efectos adversos del enfoque en seguridad del Gobierno y la oposición pide al Ejecutivo que despeje dudas de connivencia por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
“Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, una violencia entre bandas”, sostuvo el presidente en diálogo con la prensa hace un par de semanas, y agregó que desde el Gobierno estaban “tratando de hacer prevención” pero aclaró que “es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios”.
En tanto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, enfatizó esta semana que gran parte de los homicidios registrados en el país “son producto de las disputas territoriales” de las bandas de narcotráfico.
Ambos hablaron de la imposibilidad de “prever” o anticiparse a esos delitos.
Solo en agosto, Heber informó que hubo 34 asesinatos, mientras que el opositor Frente Amplio dijo que fueron 41.
En los últimos 17 años, según el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, hay una tendencia en aumento casi sostenido de los homicidios.
Al comparar el primer semestre de este año con los primeros seis meses de 2021 se constata un aumento del 39%.
“Este tipo de episodios son bastante previsibles, aunque siempre la elite política va a decir que son imposibles de anticipar o que son resultado de lo bien que están haciendo su trabajo; el aumento de la represión al narcotráfico sería el que hace que las bandas se disputen el territorio entre ellos”, dijo a Télam la doctora en criminología global por la Universidad de Kent (Inglaterra) Clara Musto.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) -texto insignia de la gestión de Lacalle Pou sancionado en 2020 y compuesto de 476 artículos- prometió, entre otras cosas, ser un nuevo marco penal, facilitar el control del lavado de activos e introducir cambios respecto al accionar policial, que redundarían en mayor seguridad ciudadana, pero los especialistas alertan sobre efectos contrarios.
Para Musto, el incremento de estos episodios son “resultado del encarcelamiento masivo vinculado a los delitos de droga”, ya que la LUC “lo que hizo fue incrementar las penas mínimas” para ese tipo de ilícitos.
Sin embargo, la especialista advirtió que el resultado fue opuesto al buscado, ya que “apuntó a meter a todos presos en establecimientos penitenciarios en malas condiciones y donde empeora la incidencia criminal”.
Y si bien “el comercio ilegal de droga es transversal a todas las clases, este tipo de episodios de homicidios y violencia están fuertemente concentrados en Montevideo y especialmente en barrios de clases baja con altos índices de vulneración socioeconómica, ya vistas en otras ciudades de la región”, señaló.
El sociólogo uruguayo Gabriel Tenenbaum, autor del libro “Los Protectores del Capital”, dijo a Télam que “hay una desigualdad en la distribución de la vigilancia, los controles y los castigos, donde los varones, jóvenes, pobres son más son pasibles de ser receptivos de la política criminal y no otras figuras sociales” que, sin embargo, son esenciales en la cadena delictiva del narcotráfico y lavado de activos.
“Ahí te das cuenta de que hay cosas que se intentan blindar y proteger y otras que no”, agregó.
“Uruguay lo que ha ofrecido ha sido servicios vinculados al sistema financiero; lavar el dinero, repatriarlo, facilitar inversión en sociedad, proteger el capital obtenido de fuentes ilegales desde la década del 70. Hace 15 años empezó a establecer algunos límites, pero es un modelo de política económica del país. Entonces la gran pregunta es si se desarma eso, ¿cuánto afecta al sistema financiero?”, se preguntó Tenembaum.
En este escenario, “la falta de control frente a la corrupción de la elite política y económica característica de Uruguay -como en otros países del Cono Sur- también hace un combo explosivo”, según Musto.
El debate sobre las responsabilidades políticas frente a estos delitos se actualizó en Uruguay por la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset mientras se encontraba detenido en Dubai en 2021, lo que permitió que quedara libre y ahora se encuentra prófugo con pedido de captura internacional.
El caso llevó a que la oposición convocara el mes pasado a Heber y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, al Senado para que den explicaciones.
“Llamamos a interpelación a los ministros Heber y Bustillo por la expedición de un pasaporte en un delivery express a solicitud de una persona con profuso prontuario criminal en materia de narcotráfico. Llamamos a la responsabilidad política. La ciudadanía necesitaba explicaciones”, dijo a Télam el senador opositor del Frente Amplio Mario Bergara.
Si bien el legislador estimó que el oficialismo actuó “sin marcar ningún tipo de intencionalidad” de favorecer a un narcotraficante, pidió al Gobierno que explique por qué “si tenía la chance de denegar ese pasaporte, optó por no hacerlo” y advirtió del peligro para la imagen del país y frente a la ciudadanía de no aclarar el episodio.
“Se parapetan en una explicación de que había un decreto del año 2014 que los obligaba a expedir ese pasaporte. En la interpelación mostramos que el decreto no obligaba al Gobierno a expedir el pasaporte, que podía haberse dado un permiso de viaje único de retorno a Uruguay o denegarlo”, dijo Bergara.
Esta semana vence un pedido de información pública a Cancillería con el que la oposición busca obtener respuestas que no fueron saldadas durante la interpelación.
“Quedamos claramente insatisfechos, incluso planteamos la necesidad de que dieran un paso al costado, pero fueron apoyados por el oficialismo”, agregó el senador.
Además del proceso político, en la comparecencia parlamentaria desde la oposición enviaron información a la Fiscalía para que se “investigue la posibilidad de que se haya violentado alguna norma legal”.
Bergara también estimó que existen falencias de la LUC porque van “en dirección contraria a lo que es la prevención del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo”.
“Antes de la LUC, de acuerdo a nuestra Ley de Inclusión Financiera, las transacciones en efectivo no podían superar los 4.000 o 5.000 dólares, que no es un monto pequeño. Pero la norma habilitó un monto de 110.000 dólares, más o menos, y nunca tuvimos una buena explicación de por qué se liberaba eso”, dijo el senador.
“Ahora se puede comprar un auto de alta gama en efectivo”, agregó Tenenmbaum, quien también explicó que de este modo se dejó de lado registros con “la huella electrónica o la huella digital” a la hora de realizar transacciones y eso hace que “no sea tan fácil de rastrearlo”.
El especialista también apuntó que se relajaron “los estudios de debida diligencia que tienen que hacer los oficiales de lavado de activos y las entidades financieras y no financieras para conocer a su cliente y de dónde viene el dinero que utiliza”, es decir, “se le pregunta menos a quien pone dinero para una transacción. Es un profundo error”.
Según Musto, se trata de “un escenario muy previsible el que se vive” en Uruguay, porque no es original en la región pero “demanda propuestas que no sean más de lo mismo, que es lo que ha hecho el Gobierno uruguayo”.
Para la investigadora, si se sigue “el camino de la militarización de la policía, la escalada de violencia en los barrios, de llenar las cárceles, y sin control de los vínculos entre el crimen organizado y la elite política” no se podrá lograr una “mejora en la incidencia de ese tipo de violencias”.
