La Oficina Anticorrupción planteó una pena de cinco años también para José María Núñez Carmona.
Además de una multa de 90 mil pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El exministro de Economía es investigado en el juicio oral por el rescate y la posterior estatización de la ex Ciccone Calcográfica. El organismo que conduce Laura Alonso solicitó penas de cinco años de prisión para José María Núñez Carmona, de un año y seis meses para Alejandro Vandenbroele, de tres años y ocho meses para Nicolás Ciccone, de tres años para Rafael Resnick Brenner, y de dos años y cuatro meses para Guido Forcieri, informó el canal de noticias TN. La OA inició este martes su alegato acusatorio contra el exvicepresidente, cuya defensa intentó sin éxito la nulidad de la acusación, por la compra de la ex Ciccone Calcográfica. Se trata del comienzo de los alegatos del abogado Matías Rey, de la OA, quien acusó a Boudou de ser la “otra cara de la moneda” de un cohecho.
El letrado aseguró que el entonces funcionario “con mucho poder, disciplinó a un montón de reparticiones públicas en pos de un negocio privado”, en referencia a las intervenciones que tuvieron la Casa de la Moneda, la AFIP y el propio Ministerio de Economía. En un comunicado, la OA consideró a Amado Boudou como responsable de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Además, la entidad describió el arreglo del ex vicepresidente con la empresa familiar en quiebra para que la cedieran en un 70% a la empresa de Vandenbroele. El comunicado completo: En el juicio que se está desarrollando ante el Tribunal Oral Federal N° 4 sobre las irregularidades en la compra de la imprenta Ciccone, la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa, estuvo a cargo de la primera jornada de alegatos.
Luego de una descripción de los hechos, que desde la Oficina se consideraron probados, los abogados querellantes solicitaron una pena de 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para el ex vicepresidente Amado Boudou, al considerarlo responsable de “cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. También se pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Para José María Núñez Carmona –considerado socio de Boudou- se solicitó una pena de 5 años de prisión. Mientras que para para Alejandro Vandenbroele se pidió un año y medio, valorando que el aporte de pruebas que hizo durante el juicio contribuyó al esclarecimiento del hecho. Los otros pedidos fueron: 3 años y 8 meses para Nicolás Ciccone (empresario), 3 años para Rafael Resnick Brenner (jefe de gabinete de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP) y 2 años y 4 meses para Guido Forcieri (funcionario del Ministerio de Economía bajo la órbita de Boudou). Se tuvo en cuenta en el pedido de pena la jerarquía de cada funcionario público. Para todos ellos también se pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Luego de la quiebra de la empresa familiar, los hermanos Ciccone se reunieron con Boudou. Arreglaron con él la cesión del 70% de la empresa, que fue adquirida a nombre de The Old Fund, de Vandenbroele. A partir de ese momento comenzó una serie de maniobras destinadas a levantar la quiebra ante AFIP, conseguir un plan de pagos de deudas y asegurar las mejores condiciones para que Ciccone Calcográfica pueda volver a contratar con el Estado. En el marco del desarrollo del juicio, la OA denunció a Lautaro Mauro por falso testimonio, dado que se comprobó que sus dichos fueron falsos en cuanto a las circunstancias de una reunión en la que participó.
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