“Para la justicia argentina, nadie es responsable por la muerte de Santiago Maldonado. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte”, sostuvo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, tras la decisión del juez federal Gustavo Lleral de cerrar la investigación por la desaparición y muerte del joven en el marco de una violenta represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad Mapuche Pu Lof en Chubut.
Desde la organización de derechos humanos exigieron que “el Estado argentino esclarezca los hechos, persiga todas las hipótesis que podrían haber llevado a su muerte y cumpla con su obligación de garantizar los derechos de su familia a la verdad, la justicia y la reparación”.
Guevara Rosas calificó de “inadmisible” el fallo que, en los últimos días, puso fin a la investigación sobre la muerte de Maldonado por considerar que su fallecimiento se produjo por una “sumatoria de incidencias” y que “nadie fue penalmente responsable por su muerte”, y que dispuso además la absolución del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en la causa. “Desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en Argentina”, manifestó. Además, la titular del organismo en la región, consideró que “pese a la constatación de que su muerte se dio en el marco de un violento operativo de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la sentencia omite el contexto en el ocurrió su muerte”.
La sentencia de Lleral menciona que en la represión que se desarrolló en la ruta 40, sólo quedó probado el “procedimiento policial de despeje de ruta”. “A partir del enfrentamiento con los manifestantes que desarrollaban aquella medida, se trasladó al interior del predio ocupado por el denominado Pu Lof en Resistencia Cushamen, ubicado a la vera de ese camino nacional”, agregó sin cuestionar la entrada no autorizada a la comunidad por parte de Gendarmería.
Incluso, al relatar cómo fue que se desplegó el operativo en la ruta, insistió en que eran “alrededor de 20 personas que se habrían encontrado encapuchadas, armadas con palos y hondas tipo boleadoras” que impidieron “la normal circulación por ese camino”. Con respecto a la muerte de Maldonado, agrega: “La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, el sólo, sin que nadie lo notara, se hundió”, indicó el magistrado. Tras el operativo represivo del primero de agosto de 2017, Maldonado estuvo desaparecido 70 días, hasta que los buzos de Prefectura encontraron el su cuerpo flotando en un sector del Río Chubut revisado en seis oportunidades.
Cuando se conoció el fallo, celebrado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los familiares del joven emitieron un texto donde declararon que el magistrado se comunicó con ellos telefónicamente y les dijo que había sido “extorsionado” para cerrar la causa. Más tarde, Lleral desmintió la información. La querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ya adelantó que apelará la resolución.
“Las organizaciones de derechos humanos seguiremos haciendo el trabajo de denuncia en casos de violaciones a derechos humanos; es nuestra labor acompañar a las víctimas y exigir que se garantice su derecho a conocer la verdad y a que se sancione a los responsables”, destacó Guevara Rosas.
