Las acusaciones al oficialismo por el escándalo de los aportantes truchos, lejos de disiparse, se vuelven cada vez más incisivas. La presidenta del bloque de senadores provinciales por Unidad Ciudadana, Teresa García, amplió ayer su denuncia contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el resto de las autoridades partidarias por las presuntas afiliaciones irregulares y aportes falsos al PRO en la campaña electoral de 2017.
En esta ocasión, la senadora pidió que se investigue además la base de datos de los monotributistas sociales, cuyos nombres también podrían haber sido utilizados en la maniobra ilegal denunciada, así como la totalidad de los aportes recibidos por la fuerza política a nivel local. “María Eugenia Vidal es la presidenta (del PRO bonaerense), y por lo tanto la responsable legal, de un partido político sospechado de haber falsificado afiliaciones y recursos en la campaña electoral. Subestimaron a los bonaerenses”, sostuvo García.
“Todo hace suponer que probablemente estemos frente a una operatoria fraudulenta cuya escala y diversidad de modus operandi aún desconocemos”, destaca el escrito presentado ayer por la senadora García ante el Juzgado Federal 3 de La Plata, donde ratificó su denuncia presentada el último 4 de julio, en la que apuntaba contra la posible comisión de los delitos de lavado de activos, falsificación de documento, violación de secretos y privacidad, usurpación de identidad y violación de la ley de financiamiento de partidos políticos a las autoridades del PRO en la provincia: a Vidal; su jefe de Gabinete, Federico Salvai; la flamante contadora general, María Fernanda Inza; y a los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús).
En función de las denuncias periodísticas que aparecieron en los últimos días, la nueva presentación amplía –según explicaron desde el entorno de la senadora– el rango de búsqueda de la denuncia que se había presentado inicialmente para que se incorpore a los monotributistas sociales en el cruce de datos con los registros de aportantes a la campaña.
El texto completo presentado por la legisladora, al que tuvo acceso PáginaI12, resalta que los aportantes truchos superarían los mil casos, según los nuevos avances de la investigación periodística. En los últimos días, a los casos de beneficiarios de los programas sociales “Argentina trabaja” y “Ellas hacen” se sumaron personas inscriptas en el monotributo social, es decir, en una situación de vulnerabilidad equivalente.
Al respecto, García aseguró que “todos los días aparecen nuevos casos, y ya no solamente se trata de beneficiarios de planes sociales, lo cual es absolutamente repudiable, sino que ahora también se hizo público el testimonio de diversos monotributistas sociales que niegan haber aportado a la campaña electoral de Cambiemos, lo que podría estar revelando que se trató de un plan sistemático de falsificación de documentación y lavado a gran escala”.
Por otro lado, la ampliación de la denuncia sostiene que “la investigación no finalizó ahí, porque también se tuvo conocimiento de otros perfiles de damnificados, personas que cuentan con la capacidad económica para realizar aportes pero que, según sus declaraciones públicas, tampoco lo habrían hecho”. Fue, por ejemplo, el caso de Fabián Balut, dueño una concesionaria y ex candidato a intendente de Bahía Blanca en el 2003 en la lista de Ricardo López Murphy, que denunció que figura en el listado de aportantes a la campaña del actual senador Esteban Bullrich con la suma de 10 mil pesos y negó haberlo hecho. Los casos revelados, vinculados a las últimas elecciones legislativas, funcionaron como una punta de ovillo y muchos ex candidatos, concejales e intendentes de Cambiemos salieron a denunciar públicamente falsos aportes también a la campaña presidencial de 2015.
En ese sentido, García indicó que “el aumento de casos, por simple difusión de la aparente metodología fraudulenta en prensa y redes sociales, confirma la importancia de que se investigue en profundidad el alcance de esta operatoria con el fin de dilucidar si se violó la legislación”.
La primera denuncia de García estableció, entre otras cosas, que se ordene un allanamiento en la sede provincial del PRO y que se secuestren las fichas de afiliación, las planillas de aportes y toda documentación y equipos electrónicos que puedan servir como prueba en la investigación. La ampliación había sido anunciada por la senadora luego de las únicas declaraciones de Vidal sobre el escándalo, en las que evitó dar explicaciones y minimizó las responsabilidades que pesan sobre ella, esgrimiendo que se trataba de “una denuncia del kirchnerismo”.
