La administración Macri, que hacía marketing de austeridad y transparencia, incurrió en un asombroso festival de lujos y gastos injustificados en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). La maniobra, denunciada por el actual interventor Aníbal Fernández, consistió en que se libraron tarjetas de crédito Visa Business para tres directivos y el saldo lo pagaba la empresa estatal.
Por ejemplo, iban a restaurantes carísimos, pedían sushi, compraban en la carnicería, todo por cuenta de YCRT.
En un solo mes y tomando una sola tarjeta, en noviembre de 2016, el interventor de ese momento Omar Zaidán gastó 53.099 pesos, equivalentes en la actualidad a 188.501 pesos aplicando un conservador índice de actualización por inflación. Difícilmente alguien pueda considerar gastos imprescindibles para YCRT las cenas en Kansas, La Parolaccia, Sushi Club o el gasto en la carnicería El Turco, equivalente a 37.000 pesos de la actualidad.
La presentación de Aníbal Fernández se hizo en la Ciudad de Buenos Aires porque el perjudicado fue el erario público. Son 196 páginas de una documentación apabullante en la que se demuestra que el exinterventor le pidió al Banco Nación que emita tres tarjetas que fueron de uso del propio interventor Zaidán, del coordinador de YCRT, Sergio Lumachi y, curiosamente, de la secretaria privada de Zaidán, su cuñada, Cintia Roxana Da Silva. La cúpula respondía a Eduardo Costa, referente de Cambiemos en Santa Cruz.
Durante el macrismo, la mina fue abandonada, persiguió y echó trabajadores y dejó sin continuar una usina térmica capaz de generar 240 kw de energía. En 2017 se enviaron 500 telegramas de despidos y se presentó un proceso preventivo de crisis que tenía el objetivo de despedir más trabajadores todavía.
Sin embargo, en septiembre de 2019, cuando el macrismo perdió las PASO y se veía que perdían la elección presidencial, cambiaron abruptamente y trataron de instalar que la empresa sí era viable. Sobre esa base incorporaron 417 personas, sólo 100 ellos trabajadores dentro de la mina, y todos vinculados a la intervención.
En ese marco, de que YCRT “era inviable”, el interventor Zaidan puso en marcha las tres tarjetas Visa Business en octubre de 2016 y siguió habiendo gastos hasta principios de 2020. La denuncia se presentó este martes después de intimar a Zaidán, Lumachi y Da Silva a que entreguen los comprobantes de los gastos y los justificaran.
Ninguno de los tres hizo el descargo, algo que podrían haber hecho para dar alguna explicación. Llama la atención que en el listado haya decenas de pasajes de Aerolíneas Argentinas cuando YCRT, por supuesto, tenía cuenta en la línea de bandera y había una persona encargada de gestionar los boletos. Se ve que no querían que los controlaran.
El texto firmado por Aníbal Fernández dice: “una tarjeta corporativa relacionada a la cuenta correspondiente a YCRT, obviamente, debería haberse ceñido a erogaciones que resultasen propias, necesarias y/o mínimamente relacionadas para con el objeto de la empresa”.
Lo que queda claro es que mientras desmantelaban la mina de Río Turbio, los tres titulares de las tarjetas no se privaron de darse gustos.
Zaidan era un asiduo concurrente a Awwa Suites & Spa, pasándole la cuenta a la empresa cada vez que se hacía presente: unos 7.900 pesos como mínimo, 27.650 pesos actualizados a 2020. Hubo ocasiones en que a la tarjeta se cargaron gastos en Awwa 55.000 pesos de hoy en día.
Pero, además, figuran carnicerías -alguna compra de 37.000 pesos de hoy-, supermercados, casi todos los restaurantes de la Costanera, vinotecas, farmacias, mercadito, sushi, pizzerías. En un mes promedio, como marzo de 2017, Zaidan le hacía pagar a YCRT 58.000 pesos de gastos suyos, 33.000 pesos de Lumachi y 47.000 de Da Silva. En valores actuales corresponderían, en total, a unos 414.000 pesos en un solo mes.
En la denuncia se le pide al juez federal que resultó sorteado -Luis Rodríguez- que les impida salir del país a los tres titulares de las tarjetas, les retenga el pasaporte, les imponga un embargo que cubra los gastos y obligue a presentaciones periódicas en el juzgado para que de esa forma se garantice su sujeción al proceso.
Por Raúl Kollmann
