La abogada Valeria Carreras aseguró este viernes que “a los tripulantes del ARA San Juan los mandaron al muere, no fueron víctimas de una tormenta perfecta” y pidió que se tenga por apelado el rechazo de la imputación hacia el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad, y “se los procese por homicidio agravado por dolo eventual”.
Carreras es parte de la querella en representación del cabo principal Enrique Damián Castillo, uno de los 44 tripulantes muertos en noviembre de 2017 cuando implosionó el submarino, según consignó elmarplatense.
La abogada expuso hoy ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en la segunda jornada de la audiencia de apelación a la resolución de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez.
En sus cuestionamientos a las autoridades navales de ese momento, Carreras les adjudicó haber “ocultado información para que nunca se llegue a la verdad” y sostuvo que el desenlace fatal que llevó al hundimiento del submarino fue “una falla en el compartimiento de baterías que generó un clima tóxico en el interior, inutilizando la capacidad de maniobra del submarino que se sumergió e implosionó”.
La abogada enumeró las distintas formas de comunicación con tierra que fallaron por falta de inversión y sostuvo que las autoridades políticas de ese momento, en complicidad con los jefes de la Armada, “manipularon” las pruebas e intentaron ocultar la localización del casco.
Cuestionó incluso la localización de la nave a más de 200 metros de profundidad y cerca de las 200 millas, que “solo se justifica en una situación de conflicto o guerra, como pudo haber ocurrido durante el conflicto de Malvinas”.
También consignó que la embarcación “no tenía pirotecnia (para pedir auxilio)”, que “la radio baliza no estaba certificada”, que “los trajes no tenían certificación” y que “el carenado no estaba hecho”, a lo que agregó que aún en esas condiciones “salieron igual”.
Carreras enumeró las sucesivas conversaciones que mantuvo el comandante del submarino, capitán Pedro Martín Fernández, en los momentos previos al desenlace fatal, con lo que desacreditó la versión oficial de la Armada que redujo el naufragio a situaciones desconocidas.
“No fue una tormenta perfecta”, argumentó la querellante y agregó que, de lo contrario, no hubiese habido llamados como los que hubo, “a horas inusuales y por espacio de varios minutos”, que sólo se justifican en una “situación de extremo peligro que desembocó en el hundimiento”.
En el mismo sentido se expresó la querellante Lorena Arias, en representación de familiares de otras víctimas, quien cuestionó la actitud de ubicar a la tragedia como un “error humano” porque “por un lado dicen estar orgullosos de la tripulación y por el otro los señalan como los culpables”.
Arias también cuestionó a los abogados defensores de los marinos jefes que “exponen la teoría de los hechos encadenados, es decir la teoría del modelo lineal de las fichas de dominó por el cual de un hecho se concatenan los restantes, lo cual está descartado”.
“No se falla por un episodio sino por una serie de hechos y eso también está estudiado, la teoría del efecto dominó no se usa más porque el error humano es la consecuencia, no la causa, para que todo falle tiene que funcionar mal la tecnología, los reglamentos y el entrenamiento y si es así lo que falló es la Armada Argentina” expuso.
La causa sobre el hundimiento del ARA San Juan llevada a la apelación está caratulada como “López Mazzeo, Luis Enrique y otros por abuso de autoridad y deberes de funcionario público”.
En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis exaltos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del ARA San Juan con sus 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.
Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte” a Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.
