Argentina busca consensos internacionales para regular en parámetros sostenibles la actividad pesquera al sur de las Islas Georgias del Sur, donde la ocupación ilegal del Reino Unido otorgó permisos para pesca de merluza negra sin el necesario acuerdo de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), mientras que en simultáneo trabaja para armonizar la pesca de krill al norte de la Península Antártica con el proyecto de Área Marina protegida que impulsa junto a Chile para esa región.
Diplomáticos y científicos argentinos viajaron en noviembre a la ciudad australiana de Hobart, sede de la CCRVMA, para participar de la 41º reunión de ese mecanismo multilateral creado para proteger la biodiversidad de las aguas antárticas y sus adyacencias.
Ese encuentro fue el primero en el que las delegaciones de los 26 países miembros, la Unión Europea y los 10 adherentes volvieron a verse cara a cara después de dos años de gestiones virtuales a causa de la pandemia de Covid-19.
En ese ámbito, la Argentina trabaja para proteger los stocks de merluza negra en el Atlántico Sur, afectados por la decisión unilateral del Reino Unido de otorgar permisos de pesca en aguas sobre las que los reglamentos de CCRVMA no le reconocen derechos soberanos y en donde el consenso del resto de los integrantes de este mecanismo multilateral es el de evitar la actividad pesquera sin establecer antes medidas de protección para la biodiversidad marina.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, afirmó en diálogo con Télam que “lo que en estos momentos sucede con la pesca de merluza negra al sur de las Islas Georgias es un episodio que da cuenta de la situación crítica de CCRVMA como ámbito multilateral porque estamos ante una flagrante violación de este mecanismo por parte del Reino Unido”.
El director de Política Exterior Antártica, Fausto López Crozet, que participó de la reunión en Hobart, indicó a Télam que “el Tratado Antártico alcanza todo al sur del paralelo 60, pero CCRVMA lo que busca es seguir la convergencia antártica que es el área donde chocan las aguas más frías del sur con las más cálidas del norte y crean todo un ecosistema específico; entonces en el caso de la zona de las Islas Georgias del Sur alcanza las aguas que las rodean lo mismo que a las Islas Sandwich del Sur”.
“Todos los países que forman parte del sistema de CCRVMA reconocen su funcionamiento, dentro del sistema hay islas que pertenecen a Francia, otras que pertenecen a Australia, otras de Noruega y en todas en las que hay una soberanía reconocida por todos los integrantes cada país puede aplicar normas nacionales, mientras que el único caso en el que no se pueden aplicar medidas nacionales es en las Islas Georgias del Sur porque ahí no hay una soberanía de estado reconocida por todos porque el Reino Unido no reconoce nuestra soberanía y Argentina junto a otros países no reconoce la del Reino Unido”, señaló.
El funcionario recordó que “hace 40 años que para administrar la pesca en las Islas Georgias del Sur se trabaja con el régimen de la CCRVMA, los franceses o los australianos pueden tomar medidas unilaterales en sus islas, pero el Reino Unido no puede hacer lo mismo en las nuestras”.
López Crozet señaló que el conflicto surge “el año pasado cuando Rusia no dio consenso para que hubiese una medida de conservación que determine los límites de captura en esa zona con lo que el entendimiento del resto de los miembros de CCRVMA era que si no había consenso en medidas de conservación no se podía pescar, sin embargo, los británicos consideraron que por su pretensión de soberanía podían tomar medidas unilaterales y se largaron a pescar ellos solos”.
“Los que estaban pescando ahí, que eran Uruguay, Chile y Nueva Zelanda dejaron de hacerlo porque entendieron que no había medida de conservación que lo habilite e incluso Estados Unidos, principal importador de merluza negra, no aceptó importaciones provenientes de esa área porque no había medida de conservación multilateral que valide la pesca”, contrastó.
El diplomático añadió que “en esa zona quedaron operando cuatro buques pesqueros de bandera británica financiados por capitales británicos y noruegos, no es casual que en la reunión el único país miembro que salió a apoyar al Reino Unido fue Noruega, a la que en la segunda semana se le sumo Ucrania de manera sorpresiva”.
“En CCRVMA todas las decisiones se toman por consenso, tanto Argentina como otros países entendieron que lo que estaba haciendo el Reino Unido era pesca ilegal y mandamos los buques a la lista provisional de pesca ilegal, hay un procedimiento en el que señalamos que hubo un incumplimiento de grado 3, el más grave y los únicos que se opusieron fueron el Reino Unido y Noruega; pero como la decisión solo es por consenso y tienen que estar todos de acuerdo no hubo sanción contra el Reino Unido”, agregó.
Respecto de las posibles sanciones, el funcionario apuntó: “mandamos notas durante todo el año a la secretaría de CCRVMA contando la situación, hablamos con los principales importadores y la mayoría de los países tienden a tener la posición nuestra; hay un sistema de documentación de captura y pedimos que los británicos no tengan acceso, pero como es por consenso tampoco se pudo, por eso estamos hablando con los importadores para pedirles que no les compren”.
Lo que ofrece la Argentina, explicó Carmona, es organizar una campaña científica para analizar el stock de merluza negra en la zona y sobre la base de ese conocimiento científico avanzar en el ámbito de la CCRVMA con las medidas de conservación que sean necesarias.
“El Instituto Nacional de Investigación Pesquera (Inidep) hace años que investiga en esa misma zona los stocks de peces de hielo, así que sumar a esa experiencia la tarea de monitorear la merluza negra sería una herramienta para regresar la situación al mecanismo de gestión multilateral”, destacó.
En ese sentido, Carmona remarcó que “la objeción planteada por Rusia no habilitaba al Reino Unido a romper las reglas del juego, los británicos vulneraron ese principio que tanto mentan del ‘orden internacional basado en reglas’ y además de romper con la lógica de CCRVMA también violan la resolución de Naciones Unidas que prohíbe acciones unilaterales en un área donde hay una disputa de soberanía”.
“Argentina está comprometida históricamente con las reglas del multilateralismo y esa consistencia y previsibilidad la convierte en un factor de estabilidad en el sistema del Tratado Antártico y también en CCRVMA; alentamos los consensos, rechazamos medidas unilaterales y manifestamos preocupación por la degradación de ámbitos multilaterales por las tensiones geopolíticas”, finalizó el funcionario.
La delegación argentina en Hobart estuvo presidida por López Crozet, y conformada por el Embajador argentino en la Mancomunidad de Australia, Máximo Gowland, la Consejera Cynthia Mulville, el Secretario Javier de Cicco, la licenciada Paola Gucioni, así como las científicas Marina Abas y Emilce Rombolá, entre otros científicos y científicas de la Dirección Nacional del Antártico/Instituto Antártico Argentino, y el experto Enrique Marschoff.
