Cualquier fiesta o evento popular que realiza el gobierno de Cambiemos, o incluso cualquiera de las partidas que figuran en el presupuesto municipal –de 680 millones de pesos-, supone un desembolso superior a lo que se destina mensualmente a las estructuras destinadas a combatir al narcotráfico y a la asistencia de personas con graves problemas de consumo.
Anualmente, en la Argentina, se consumen en promedio 13.341 kilos de cocaína y 184.991 kilos de marihuana. Solo por la venta ilegal de estos estupefacientes, las bandas mafiosas embolsan 1.080 millones de dólares, unos 21.000 millones de pesos, o el equivalente al presupuesto en salud que se destina en la provincia de Buenos Aires. Al margen de los números, el problema es que en Balcarce el narcotráfico no es un tema de agenda política.
El Concejo Deliberante y el gobierno local parecen más interesados en otras cuestiones que en combatir al narcotráfico. En este contexto, el dato que alarma es el relacionado con la base de la prevalencia mensual de consumidores –particularmente marihuana- que se vincula con una población de entre 12 y 65 años que, según datos oficiales, consumen habitualmente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, asegura en torno a la penetración del narcotráfico en distritos del interior que “pasamos de una instancia donde era un tema de tránsito a ver la realidad que golpea a la Provincia. No hay forma de solucionar el problema cuando no se lo reconoce. Empezamos el trabajo de reconocimiento y el trabajo duro de dar una pelea.
Y hoy 54 bunkers ya fueron derribados en la provincia de Buenos Aires. Se hizo más en dos años que en toda la historia de la Provincia.
Se apunta a sacarles el negocio, el lugar donde venden. Antes, si se los sacaban, después volvían a estar”, enfatiza el ministro. Pero una vez más la realidad contrasta con el relato oficial.
Según un relevamiento de La Vanguardia, la situación de Balcarce respecto de los recursos con lo que cuenta el gobierno –aunque dependan de la Provincia- parecen demasiados escasos y hasta en algún caso insólitos y difícil de describir. Desde hace años, la ciudad no cuenta con un centro para la contención y tratamiento de adictos ya que el último que tuvo –la Posada del INTI donde estaban internados 35 jóvenes- cerró sus puertas en 2012 por el desfinanciamiento y la falta de aportes del gobierno, en aquel entonces, a cargo de Daniel Scioli.
En este contexto, según pudo saber este diario, para el Centro Provincial de Atención en Adicciones de Balcarce –que funciona en el edificio del Hospital Municipal-, el gobierno provincial asigna un presupuesto de 0 pesos.
Las profesionales que manejan el CPA no cuentan con aportes para su mantenimiento, ni para impulsar programas o actividades preventivas vinculadas con el consumo. Ni siquiera tienen una “caja chica” para gastos corrientes con lo cual la papelería, los traslados y los gastos diarios salen del bolsillo de las trabajadoras que, además, ponen sus propios vehículos para movilizarse.
En verdad, hay un mínimo aporte de la Provincia que resulta también difícil de entender. Una vez por año, llega desde la Subsecretaría de Atención a las Adicciones que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, una resma de hojas, lápices y algún material de oficina. Demasiado poco para la enorme tarea y desafíos que tiene cotidianamente el CPA que asiste y trata a las personas –muchos de ellos adolescentes- con serios problemas de consumo de drogas y alcohol.
La ex DDA no es la excepción. El grupo de avanzada de Drogas Ilícitas –que fue antes reconocida por la Provincia por la cantidad de procedimientos y droga incautada- tiene hoy en Balcarce una estructura que es verdadero un esqueleto desfinanciado.
No hay un jefe responsable de esa estructura –Torrez, de buen desempeño, fue trasladado-, y los dos efectivos que componen la avanzada –más uno que llega de Mar del Plata- se chocan en una pequeña oficina de cuatro metros por cuatro en el descascarado edificio de la vieja terminal de ómnibus en la avenida San Martín y 129.
En ese reducido espacio hay una computadora, una filmadora familiar y una máquina de fotos del mismo tipo, ninguna de ellas de última generación ni con las prestaciones necesarias para las tareas investigativas que se requieren. Para las recorridas, operativos e investigaciones, la avanzada recibe de la Municipalidad 50 litros de nafta por semana.
Pero aquí el inconveniente es otro. Aunque quisieran usar esa medida insólita de aporte en combustible no podrían hacerlo ya que la avanzada no cuenta en la actualidad con autos oficiales. Los efectivos usan sus propios vehículos y administran a cuenta gotas esos recursos.
“Desde el Municipio damos apoyo logístico y de comunicación, y aportamos todo lo que esté a nuestro alcance, pero no hay una partida específica en el presupuesto municipal, por lo que esos fondos salen del asignado a la seguridad en general”, le dijo a este diario una fuente del gobierno de Cambiemos.
LaVanguardia-Balcarce
