El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de u$s 900 millones, de los cuales este año se desembolsarán u$s 600 millones, para apoyar la sostenibilidad de programas de protección social de amplia cobertura entre la población de menores recursos de Argentina. Se trata de la primera operación de un préstamo multiface de inversión de u$s 1.500 millones.
El apoyo del BID se concreta en el marco del programa que llevan adelante las autoridades argentinas y se enfoca en el área social para atender con acciones rápidas a los sectores más vulnerables de la población.
Según explicó el organismo en un comunicado, esta primera operación “contribuirá a mejorar las intervenciones de protección social, a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público, para orientar la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo, monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar, y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Este programa beneficiará al menos a 4 millones de personas, de las cuales 235 mil son beneficiarios de Haciendo Futuro; 536 mil son jóvenes beneficiarios de Becas Progresar; al menos 2,9 millones son beneficiarios de la tarifa social del transporte público, y 360 mil personas más que serán beneficiadas con la extensión de esa tarifa.
Del mismo modo, el programa contribuirá a fortalecer la capacidad de generación, gestión y análisis de información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, adscrito a Presidencia de la Nación, entidad clave en el proceso de monitoreo de los indicadores sociales
Entre las acciones previstas se encuentran asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, promover la progresión y finalización educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos de transporte; y, mejorar la eficiencia de los programas de protección social a través de una mejora en la gestión de la información.
Uno de los componentes del programa prevé incentivar de manera progresiva la autonomía económica de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad social y sin empleo formal, a través de la promoción de su progresión escolar y finalización educativa y de su formación integral.
Un segundo componente contribuirá a que jóvenes de entre 18 y 30 años provenientes de familias vulnerables puedan finalizar la educación básica, terciaria o universitaria, buscando proactivamente la continuidad de sus trayectorias educativas.
El tercer componente contribuirá a un mayor acceso al sistema de transporte público de la población vulnerable elegible, a través de acciones como la financiación del descuento del 55% de la tarifa general del transporte para la población que reside en localidades que hayan adherido al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), y la extensión de la cobertura de esta tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. También contribuirá a la mejora de gestión de la información del sistema de transporte público.
Como consecuencia de las acciones previstas en el programa se espera aumentar el porcentaje de beneficiarios que finalizan cursos de formación laboral integral y la tasa de asistencia escolar en el nivel secundario de los beneficiarios que no lo han completado para contribuir a incrementar la tasa de empleo en el sector formal.
Asimismo, se espera aumentar el porcentaje de alumnos en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo, es decir, que no ha abandonado sus estudios, para contribuir a incrementar el porcentaje de alumnos de ese nivel que completa al menos el 50% de las materias de su plan de estudios.
Y en el caso de la tarifa social del transporte público, se espera aumentar la cobertura a nivel nacional entre la población vulnerable elegible, para contribuir a expandir el ahorro que esa tarifa representa en el gasto no alimentario de los hogares.
El crédito del BID de u$s 900 millones tiene 25 años de plazo de amortización con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor.
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