Fue esta mañana en el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo). Se reunieron con el intendente Guillermo Montenegro para expresarse en contra: “Fue improvisada la ley, toca temas muy puntuales como es la licitación, los permisos, tampoco se respeta la industria que está instalada hace más de 80 años. Si esta ley sale como fue el proyecto del Ejecutivo, y con las modificaciones que supuestamente dijeron que estaba todo arreglado, que es una gran mentira, vamos a pasarla muy mal”, expresó Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape).
Cámaras empresariales de la pesca y gremios se reunieron hoy con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, para hablar sobre los permisos de pesca y los peligros de que estas licitaciones no sigan en manos de empresas argentinas. Aseguraron que si se aprueba la ley, 40.000 familias de la ciudad serían afectadas.
“Estamos en contra de que se trate como una ley Ómnibus, no hay nada que tratar. Hay una ley vigente que es la que sirve, hay un Consejo Federal pesquero que funciona para regularla y nos parece que ese el camino. Hoy nos llevamos el compromiso del intendente de hacer reunión en el bloque del PRO, de Senadores y Diputados, para explicar estos temas, “refirió.
Trueba detalló que el sector se encuentra “preocupado, nos queda una semana, hay que porotear los votos de los Diputados para que tomen el compromiso de que esto es algo serio, esto fue atado de los pelos, es cambiar el paradigma de una ley que lleva 25 años y funciona. Esta ley en vez de realizar un cambio va a generar un daño, en particular para Mar del Plata.”
Por otra parte, se anticipó que el 24 realizaran una manifestación “por la pesca y por la ciudad de Mar del Plata. La pesca es una industria muy fuerte para la ciudad”, aseguró, motivo por el cual el sector participará del paro que llevará adelante la CGT.
Por su parte, Fernando Rivera, de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), aclaró que la actual Ley Federal de Pesca “no es cuestionada por nadie” y que la rapidez que intenta imprimir el Ejecutivo por sancionar la normativa “puede convertirse en resultados muy malos”.
