La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió (Cambiemos) presentó un proyecto de ley de competencia de la cadena alimenticia para evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.
La iniciativa “será de aplicación a la totalidad de las relaciones comerciales en la que intervengan los operadores de la cadena de valor alimenticia, y cuyo objeto esté vinculado en forma directa con el proceso, desde la producción hasta la distribución final, de alimentos y productos alimenticios”, destaca el texto.
Así, Carrió, socia fundadora de Cambiemos, le apunta a los privados por la suba de precios mientras el Gobierno no le encuentra una solución a la inflación, que tras un 2018 que cerró en 47,6% en lo que va del año ya acumula más de un 10%.
“Si existiera una situación de desequilibrio en el caso de los contratos alimenticios, será obligatoria la existencia de un contrato formalizado por escrito”, propone el proyecto de Carrió.
En otro de los artículos, el proyecto plantea entre sus objetivos centrales el de “resguardar el equilibrio entre los operadores de la cadena de valor alimenticia, a fin de evitar que realicen prácticas o acuerdos que perjudiquen a la competencia o los consumidores”.
Asimismo, la iniciativa busca “contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la transparencia en el funcionamiento de los canales de distribución mayorista y minorista, así como a ampliar la oferta competitiva de productos alimenticios suficientes y de calidad”.
Por otro lado, y a través del proyecto, se establece la creación de un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país, con el fin de atenuar las prácticas abusivas y evitar los costos asociados a las mermas, a las ventas promocionales, la generación de residuos, y costos logísticos.
También, la iniciativa propone que “la participación en góndolas será equitativa para los oferentes lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales”.
Prohíbe “pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características”, y busca garantizar al menos un cincuenta por ciento (50%) de productos de origen local.
Establece, finalmente, que los productos de menor precio “deberán encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros”, en las góndolas exhibidoras.
“Todo programa gubernamental, tanto nacional como provincial o local, que tengan por finalidad brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios, deberán estar señalizados con carteles indicadores que faciliten su identificación respetando las pautas de exhibición de precios”, propone la diputada de Cambiemos.
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