Mariano Macri, el hermano menor del expresidente, se presentará como querellante en la causa penal donde se investiga el acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino y favorecer al grupo empresario durante el gobierno de Cambiemos. Apuntará al manejo de sus hermanos, en particular a Mauricio y a Gianfranco, y a otras personas vinculadas a la empresa SOCMA, accionista y controlante del Correo, ya que sospecha que hubo maniobras de vaciamiento y otras posibles defraudaciones que pudieron haberlo perjudicado a él como parte de esa firma, además de al Estado.
El planteo de Mariano, como es imaginable, se centrará en que las presuntas irregularidades ocurrieron a su espalda, lo que se condice con algunos reclamos que ya hizo con anterioridad ante la justicia civil, donde impugnó asambleas y denunció que le impedían acceso a los balances y actas de directorio. El expediente que tramita en Comodoro Py está a cargo del juez federal Ariel Lijo y cuenta con dos informes técnicos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) que respaldaron la hipótesis de que el gobierno de Macri, con él de los dos lados del mostrador, intentó favorecer a la empresa postal con una quita de su deuda superior al 92 por ciento.
Mariano Macri confirmó a Página/12 su intención de querellar, que deberá ser evaluada por el juez Lijo y el fiscal que interviene actualmente, Eduardo Taiano. Todo indica que hará la presentación judicial esta semana, quizá el jueves. Parte de la base de que él podría ser una víctima de acuerdos y manejos espurios. Esto se debe a que tiene una participación de un 20 por ciento en SOCMA, que es la empresa pilar del grupo empresario y clave en el asunto del Correo. El resto se reparte entre su hermana Florencia, que tiene otro 20 por ciento, sus sobrinos (hijos de Sandra Macri, quien falleció), mientras que Gianfranco tiene un 40 por ciento, porque además de su propia parte se quedó con la que Mauricio Macri le había cedido a sus hijxs. Cuando vivía, Franco Macri mantenía el usufructo. Había donado las acciones tiempo antes.
La causa penal por el Correo surgió cuando se conoció en 2017 un dictamen de la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, que revelaba que el gobierno de Macri había firmado un acuerdo, en nombre del Estado, con la empresa postal de su propia familia, por el cual se licuaba el 98,87 por ciento de la deuda que tenía con todos sus acreedores, en un plan de pagos hasta 2033 y sin tener en cuenta la tasa de interés adecuada (la tasa activa del Banco Nación). Fue tal el escándalo que tuvieron que dar marcha atrás y Macri anunció que volvería todo a “foja cero”. Al día de hoy, el cálculo de la fiscalía es que la deuda asciende a 6000 millones de pesos. Pasaron 20 años desde que comenzó el concurso de acreedores, que se cumplieron el 19 de septiembre, y la deuda sigue sin ser saldada. Los Macri perpetuaron maniobras dilatorias hasta la actualidad. La jueza Marta Cirulli decretó la quiebra este año, pero lograron que esté todo en suspenso, a la espera de fallos de la Cámara Comercial y de la Corte Suprema. En el ínterin hubo denuncias y hasta un sumario administrativo dirigidos contra Boquin, que recién ahora fueron cerrados.
El primer fiscal que tuvo la causa penal, Juan Pedro Zoni, fue desplazado de su cargo como subrogante en Comodoro Py después de incluir a Mauricio Macri en la lista de imputados. En diciembre 2018 el fiscal que lo sucedió, Gerardo Pollicita, pidió las indagatorias de Oscar Aguad, que había sido ministro de comunicaciones y tenía la cuestión del Correo a cargo, a Juan Mocoroa, que era director de asuntos jurídicos, al titular del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa y a Jaime Kleidermacher, apoderado. Los delitos que señaló Pollicita, bajo la teoría de que se quiso beneficiar al Correo, fueron administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Un exhaustivo informe de la Procuraduría de Investigaciones administrativas mostraba cómo se reunían representantes del Correo con funcionarios del gobierno en días claves, pero esa pista no avanzó. Los cuatro imputados por Pollicita fueron indagados en marzo de 2019, pero el juez nunca resolvió sus situaciones procesales (si los procesaba, si les dictaba falta de mérito o los sobreseía).
Lijo mandó a hacer un estudio contable a la DAJuDeCO, el organismo de investigaciones que depende de la Corte Suprema, que fue categórico al afirmar que se habían analizado distintos escenarios y alternativas con 126 opciones de tasas de interés y que en todos los casos resultaba que había una gran quita de deuda para el Correo, superior al 92 por ciento, muy distinto del 45 que señalaba la empresa. Esto coincide con el planteo de la fiscala Boquin, quien además en medio del trámite del expediente concursal denunció desvíos millonarios, posible vaciamiento y un acuerdo sospechoso con un banco austríaco acusado de lavado, el Meinl Bank, que aparecía como el acreedor privado más grande. El tándem Correo-Socma pidió repetir el informe, y la conclusión volvió a ser la misma. Luego el juzgado encomendó un análisis adicional a la UBA. Lo confeccionó el contador Pablo Varela, quien ratificó parcialmente lo que había sostenido la DAJuDeCO, con la firma de su titular, Juan Rodríguez Ponte.
En su libro “Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política y negocios y familia detrás de su hermano Mauricio” (Sudamericana) el periodista Santiago O’Donnell recuerda que con la filtración de los Paradise Papers, la sucursal de Hamburgo del banco suizo UBS emitió un reporte de operaciones sospechosas en relación a la off shore BF Corporation en junio de 2016, y mencionaba a Gianfranco y Mariano Macri. Unos días después Gianfranco blanqueó 63,5 millones de pesos y aclaró que la plata de BF era suya. En el libro Mariano se queja porque está imputado por los Paradise Papers y dice: “Yo especulo que el único ingreso importante posible era la guita del Correo, de LDA (Logística de Avanzada)”, una firma que vinculada al grupo que siguió manejando la distribución terrestre del Correo aún después de su expropiación. “Y sostengo –insistía Mariano– que ese debe ser el origen de los fondos de esas dos cuentas que, se supone, nos benefician a Gianfranco y a mí por las cuales quedamos imputados en una causa penal en la que sobreseyeron a Mauricio. El fiscal dice que soy accionista. Hace quince años pude haber firmado algo que pedía el viejo. Yo lo hacía sin preguntar y, además, no entendía bien esas cosas de las off shore (…) si hubo movimientos en la cuenta, no firmé ninguno…”. También cuenta que Gianfranco le dijo que decidió blanquear porque “no hay averiguación del origen de los fondos”.
El planteo judicial como querellante de Mariano Macri apuntaría a que a pesar de su participación en SOCMA, él no tiene acceso a información de la empresa y por eso, además, impugnó judicialmente las asambleas desde el año 2017 en adelante. Incluso reclamó poder designar un director propio, para lo cual recurrió al tribunal arbitral. Habría balances irregulares que hacen suponer que no está claro adonde va el dinero de la compañía, tampoco de donde viene. También se hicieron préstamos sospechosos dentro del propio grupo (una operación característica de las maniobras de lavado de dinero). Parte de estas cuestiones coinciden con las denuncias de la fiscala Boquin en el concurso de acreedores del Correo, donde se advierte que parte de los fondos circulan hacia empresas del mismo grupo, como Sideco, también controlante en el Correo, e inversiones sospechosas en rubros ajenos al postal, como la industria automotriz. La declaración de quiebra del Correo conlleva, además, la posibilidad de que se extienda a la controlante SOCMA. La posición de Mariano Macri como accionista es compleja, pero a los efectos de las investigaciones penales su aporte podría ser crucial.
Página 12
