Lo resolvió el juez Rodolfo Canicoba Corral. Es por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración publica durante el macrismo.
El ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frias, fueron procesados en la causa en la que se investigan irregularidades en la renegociación de contratos de peajes con el estado durante el gobierno de Cambiemos. Ambos fueron procesados por el juez Rodolfo Canicoba Corral por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y embargados en la suma de 500 millones de pesos cada uno.
Además se citó a indagatoria para este viernes 24 a Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, y para el próximo lunes al ex ministro de Haciendo, Nicolás Dujovne.
En el caso se debaten las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Ausol y Grupo Concesionario Oeste, por los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.
Iguacel y Saravia Frias fueron indagados la semana pasada, ambos se negaron a declarar. Hoy quedaron procesados sin prisión preventiva por el magistrado que a fines de julio se jubilará y dejará los tribunales de Comodoro Py.
La causa fue iniciada por una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Adrian Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau por las irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación. Además del pago a las empresas de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol a una empresa, Natal Inversiones.
Para dictar el procesamiento, el juez valoró las pruebas acumuladas. La situación de Iguacel había quedado comprometida con la declaración que el año pasado hizo la ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, quien había dicho que el ex funcionario fue responsable de conceder tratos “diferenciales” a Autopistas del Sol (AUSOL) una de las históricas empresas vinculadas al gupo Macri.
La maniobra: Según los denunciantes, tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
Por decisión del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, citado para el viernes, e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostuvieron en su momento los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.
El diputado Tailhade, uno de los denunciantes, señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”.
Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Mauricio Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.
Fuentes allegadas a las defensas adelantaron que el fallo será apelado ante la Cámara Federal.
